A fin de que la Ley del Adulto Mayor del Estado de México prevea como formas de violencia, la psicológica, física, sexual, económica y patrimonial ejercidas en contra de este sector de la población, la diputada Brenda Escamilla Sámano presentó, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, una iniciativa por la que se adiciona la fracción XVI al artículo 2 y un artículo 2 bis a ese ordenamiento.
Redacción
De aprobarse la propuesta, se establecería como violencia contra las personas adultas mayores cualquier acción o conducta que resulte en daño o sufrimiento ya sea físico, sexual o psicológico o bien la muerte.
Se entendería además la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, ya sea negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.
La violencia física se entenderá como cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; en tanto que la violencia patrimonial es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima y ponga en riesgo su derecho a la vivienda, a los servicios básicos que el Estado debe proveer, a su persona, posesiones, bienes, comunidad y lugar de residencia.
Esta violencia se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.
La iniciativa también se refiere a la violencia económica, que sería toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral.
Por otro lado, como violencia sexual se entiende cualquier acto que daña el cuerpo o sexualidad de la víctima y que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física.
Al presentar la propuesta ante el Pleno, la legisladora dijo que según la ONU, durante 2016 el 15.7% de las personas de 60 años o más fueron sometidas a alguna forma de abuso o maltrato. La cifra, advirtió, podría estar subestimada, ya que solo se denuncia 4% de las veces y casi siempre los abusos son cometidos por familiares. Asimismo, precisó, la Organización Panamericana de la Salud y la ONU señalan que, 1 de cada 6 ancianos ha sido maltratado.
Indicó también que el porcentaje de población adulta mayor que ha sufrido maltrato y agresiones en el país oscila entre 8 y 18%, según cifras del Inegi; mientras que la tasa de suicidio de los adultos de 60 y más años es la más alta, al ubicarse en 9.7 por cada 100 mil habitantes, y su incremento ha sido constante en las últimas dos décadas, de acuerdo con información del Instituto Belisario Domínguez.
La iniciativa fue remitida a la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, para su análisis y dictamen.
(Foto: Especial Portal)
