René Tomás Pérez Ávila

Curiosos e inusitados fenómenos ha suscitado el proceso de elección de personas juzgadores, mismo que ya se encuentra en marcha desde el 30 de marzo, uno de ellos es la incertidumbre y desánimo que de acuerdo a declaraciones de algunos servidores públicos que laboran en el poder judicial federal se ha producido, pues con motivo de las protestas que varios empleados de esa institución externaron en contra de la reforma, a través de un paro de labores sui generis, pues los inconformes siguieron cobrando puntualmente sus salarios, durante los setenta días que duró, lo que generó un incremento en el rezago de expedientes, así como un reacomodo de los magistrados, pues ha habido casos en los que los tribunales colegiados que funcionan con tres magistrados ante la ausencia de los titulares. Tales cargos han sido ocupados por secretarios de acuerdos. De acuerdo a la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal. En marzo pasado había 548,744 expedientes y durante ese mes ingresaron 254,242 más, lo que llevó la carga de trabajo a 800,699, de los cuales a la fecha se han resuelto 252,699. Es un hecho que existe desconfianza y apatía entre algunos trabajadores del poder judicial federal ante la elección que se avecina, dado que desde diciembre a la fecha al menos 500 jueces y magistrados, han solicitado su retiro voluntario, es decir, renunciaron o se jubilaron anticipadamente en previsión de los cambios que ocurrirán con motivo de la elección. Entonces ya no hay tanta identificación o unidad de dicho personal con los mandos superiores salientes, quienes deberían tener cierto apoyo para cerrar su gestión, pero ya no cuentan con ese respaldo además se prevé que con la entrada de los jueces y magistrados que resulten vencedores en la elección, estos nuevos funcionarios necesariamente buscarán entablar comunicación con sus subordinados, quienes deberán explicarles cómo funciona todo, pues a pesar de los controles que debieron superar para acceder al cargo muchos ellos llegaran como gente externa, que no conoce el trabajo interno de un juzgado o de un órgano jurisdiccional, existe por lo tanto temor de que los nuevos funcionarios de un plumazo puedan renovar o remover al personal y que esto generará un caos importante en perjuicio del servicio.

Otro fenómeno inédito es el de la impugnación de ciertos candidatos que “se colaron” sin reunir requisitos tan importantes como el promedio de calificaciones en su formación profesional o su falta de probidad moral, además la promoción de los aspirantes a través de principalmente las redes sociales o el inefable TikTok, en el que muchos de ellos exhiben una carencia total de imaginación y algunos otros, un exceso de protagonismo con anuncios francamente ridículos, lo que desde luego nos dan un adelanto de lo que pudiera ser su desempeño, también y con más seriedad se darán debates entre algunos candidatos. Esta es una práctica más útil para conocer su perfil, ya que podría resultar un ejercicio interesante para conocer la personalidad, las ideas y los fines de estos candidatos. También hay quienes han sido entrevistados por los medios de comunicación, y entre ellos me ha llamado la atención la declaración del candidato a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Marco Antonio Nava y Navas, quien afirma que el Tribunal Estatal requiere de ingeniería y capacitación. Destaca el aspirante -en lo que estoy de acuerdo- que la capacitación del personal es importante porque, según afirma, si no se capacita a los servidores públicos en la actividad que desempeñan en un tribunal, de nada, sirve, de nada cuenta volver a cursar la escuela judicial o que te den conferencias o pláticas que son impartidos por las escuelas de educación superior. El candidato desdeña la importancia de una Maestría diciendo que esta sólo sirve para aprender a dar clases, para impartir cursos. Un doctorad es útil para investigaciones, funciones que no son propias del Tribunal, como lo es la impartición de justicia, también destaca que el Poder Judicial requiere un proceso de evaluación que este enfocado a detectar si sus procesos internos sirven en realidad para el objetivo principal, que es dar justicia a la gente, el candidato se refiere a la mediación, y señala que no se tiene un dato fidedigno sobre cuanto incide esta forma de resolver conflictos en la conclusión de asuntos que se ventilan en el Poder Judicial en aspectos familiar, civil, mercantil y de orden penal, esta observación de Nava y Navas me parece muy acertada y lo digo porque con base en mi experiencia como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, puedo afirmar que la mediación como un procedimiento alternativo de solución de controversias en materia Fiscal y Administrativa no funciona pues a pesar de que la Mediación fue ampliamente promovida por anteriores administraciones, a grado tal de que en ese Tribunal se creó un ente burocrático, es decir, una Dirección de Mediación que en la práctica nunca funcionó, pues estadísticamente puede cuestionarse al Tribunal de Justicia Administrativa de nuestra entidad ¿cuántos asuntos se resolvieron con este medio alternativo de solución en los últimos cinco años? Considero que la naturaleza de la mediación es ajena a los procedimientos contencioso administrativos principalmente porque son los intereses del gobierno, los que están en juego mismos, que por su propia naturaleza no pueden ser materia de mediación, pues no son negociables, imagínese usted a un particular solicitando que a través de la mediación se le reduzca la base gravable con la que tributa o bien que no se le cobre impuesto predial, se le exima del impuesto sobre adquisición de bienes, o que no se le imponga una sanción por responsabilidad administrativa grave, estas pretensiones no pueden tener una solución a través de la mediación y solamente se definen mediante la emisión de un fallo que pondera la pretensión del actor y las defensas de la demandada para resolver el conflicto con base en las pruebas aportadas por las partes mediante una sentencia dictada conforme derecho. Es cuánto.

*Magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México