Indígenas y pobres. Mestizos y pobres ¿Quién tiene más derechos?
Insisto, cuando un gobernante pone en marcha un programa social lo hace con las mejores intenciones, con los mejores propósitos para usar el dinero público en remediar un tema de desigualdad y pobreza.
Existen programas sociales exitosos, como, por ejemplo aquéllos que se dirigen a segmentos específicos de la población, es el caso del programa federal “Mujeres Jefas de Familia”, que cumplió su propósito adecuadamente, pues el apoyo llegaba directamente al núcleo familiar. En el sector privado tampoco cantan mal las rancheras, el innovador programa “Mujer Banorte”, hizo que muchas emprendedoras tuvieran acceso a la Banca, hecho que se les negó por muchos años.
Sin embargo, hay otros que apuntan al fracaso desde antes de iniciar, pues son sumamente discriminatorios, ya que su máxima utilidad es servir al gobernante para dirigir grandes discursos, sobre todo ahora en la época de la posverdad, donde lo que importa es que lo que diga el gobernante en turno llame la atención de la gente, y que genere emociones positivas hacia el gobierno, dejando de lado la efectividad de la aplicación de los recursos públicos.
Desafortunadamente es el caso del anuncio del otorgamiento de apoyo económico a indígenas de 65 años de edad, el cual es discriminatorio, a partir del análisis de los indicadores poblacionales del grupo social mexicano que se ubica en extrema pobreza.
Coneval ha determinado que existen 9.3 millones de personas que viven en extrema pobreza (Pascal:2019), entre ellos se ubican 4.8 millones de indígenas, por lo que, se desprende inmediatamente la existencia de otros 4.5 millones de mexicanos mestizos en la misma condición, los cuales no recibirían el apoyo económico sino hasta cumplir los 68 años. La fuente de estos datos es el documento denominado Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, del INEGI.
No nos debemos sorprender, estos errores generalmente pasan cuando el gobernante se pone por encima de la administración pública, cuando no se hace el análisis respectivo previo al lanzamiento de un programa de tal envergadura, situación que no debe hacerse una costumbre en ningún gobierno, por esto seguimos insistiendo que se tiene que tomar en cuenta la EVIDENCIA, para tomar mejores decisiones.
Esperemos que este programa llegue pronto a los otros 4.5 millones de mexicanos que están siendo discriminados por ser mestizos, no por ser pobres.
* Consultor en Gobernova
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