Eric Rosas
La semana pasada un periódico publicó una nota en la que el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, declaró que impulsará la realización de un Parlamento Abierto para discutir la que sería la nueva Ley de Ciencia y Tecnología, que buscaría actualizar lo establecido por la promulgada durante el sexenio encabezado por el presidente Vicente Fox Quesada. De manera destacada, el legislador mencionó que tal pieza legislativa debe corresponderse con la actualidad de nuestro mundo, pero también con los retos que México deberá enfrentar en las décadas por venir. Además, dejó entrever que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología deberá emanar del Poder Legislativo, por lo que sería elaborada en conjunto con los senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología; con quienes trabajan en Conferencia desde el año pasado.
Estas declaraciones son afortunadas y resultan esperanzadoras para la comunidad académica mexicana, e igualmente deberían serlo para todos los ciudadanos y para México mismo. Si tal ejercicio ciudadano se realiza con responsabilidad y honestidad, de manera que la voz de los científicos sea efectivamente tomada en cuenta, nuestra nación podrá contar efectivamente con el marco serio que necesita.
En este sentido, lo primero que se debe recordar es que el mandado recibido por los legisladores es para elaborar una Ley de Ciencia y Tecnología, con lo cual otras actividades como las humanidades o la innovación —igualmente importantes que la investigación científica y el desarrollo tecnológico— deberán ser atendidas a través de otros instrumentos, como podrían serlo unas nuevas leyes para las humanidades o para el fomento industrial, o quizá una política industrial basada en la innovación; y quizá por estas u otras comisiones de las cámaras legislativas correspondientes.
Como ya he comentado en anteriores entregas de La Onda Plana, esta es una oportunidad inmejorable y oportuna para modernizar a nuestro sistema de Ciencia y Tecnología, que ha operado con éxitos y oportunidades de mejora durante el pasado medio siglo. Si la Conferencia se toma su trabajo con la seriedad que se requiere, no sólo podrá analizar a detalle las cinco propuestas que hasta ahora han sido presentadas por el gobierno del presidente López, así como por otras asociaciones y colectivos, sino que también abrirá la posibilidad de construir una nueva forma de realizar investigación científica en México; de aprovechar ese conocimiento científico generado para su transformación en las tecnologías que nos permitan resolver muchas de las problemáticas que enfrentamos y enfrentaremos como sociedad; y también de transferir dicho conocimiento científico hacia la planta productiva mexicana, de manera que pueda convertirse en esa componente de innovación que requiere una de las principales economías del mundo y eslabón clave en la alianza comercial de la región norteamericana.
Será necesario respetar la libertad para realizar investigación científica y fomentarla sin cortapisas, pues los mexicanos tenemos un compromiso inalienable con la humanidad para avanzar el conocimiento. El Estado Mexicano tendrá que garantizar a los ciudadanos —pagadores de impuestos— que el dinero del erario será invertido en el desarrollo de las tecnologías que le redituarán pronto en un mayor bienestar. Y el gobierno deberá impulsar todos los mecanismos que le faciliten a la industria el crear riqueza y más puestos de empleo mejor pagados para todos los mexicanos. Se trata pues de tres actividades distintas, que requieren todas igual atención.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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