La prisión preventiva justificada tiene que ser excepcional imponiéndose como última opción, sólo cuando las demás medidas no sean suficientes, para garantizar los fines del proceso que son la protección de las partes o evitar la evasión, expresó el abogado penalista Jorge Nader Kuri.Al presentar su Libro “La Prisión Preventiva en México” el autor destacó que este trabajo, sobre un tema tan delicado, pretende iniciar el debate con el objetivo de que ayude a todos a mejorar y lograr el sistema de justicia que se quiere.
Habló sobre la complejidad del cambio de la presunción de culpabilidad a la de la inocencia y el papel que juega esta medida cautelar.En el Aula Magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial del Estado de México, las Consejeras de la Judicatura, Fabiola Aparicio Perales y Edna Edith Escalante Ramírez comentaron la obra.
Aparicio Perales señaló que la prisión preventiva oficiosa es la más grave de las medidas cautelares, por ello coincidió con el autor que debe desaparecer, porque es injusto encarcelar a una persona antes de que sea condenada.
Añadió que esta trae consigo grandes afectaciones, como la sobrepoblación en las cárceles, el desaliento a una persona honrada y la ruina moral de la vida.
Por su parte, Escalante Ramírez manifestó que el texto ofrece una perspectiva y análisis integral de la prisión preventiva oficiosa y justificada; además hace un llamado a los Poderes Judiciales a reafirmar su autonomía e independencia, para honrar el papel que tienen los juzgadores y defender las ambiciones del sistema acusatorio. Así como invita a hacer uso de las nuevas tecnologías, para en su caso, evitarla.
En su momento, el Director de Compilación y Sistematización de Tesis del Poder Judicial del Estado de México, Juan Carlos Abreu y Abreu, refirió que esta publicación es un estudio profundamente crítico, pues el autor da muestra a través de su experiencia profesional y vivencial, que la prisión preventiva rara vez sirve para combatir la impunidad sino que contrariamente, estimula las incapacidades propias de las agencias de investigación, fomenta el uso arbitrario del derecho penal y alienta la fabricación de culpables.
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