Eric Rosas
Fast track
En los días más recientes ha trascendido que los legisladores de la alianza oficialista en ambas cámaras han recibido la instrucción de aprobar de manera acelerada (fast track) la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que en diciembre pasado presentó ante los diputados el titular del Poder Ejecutivo Federal, pero cuya hechura encargó a la actual directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la bióloga María Elena Álvarez-Buylla Roces, quien elaboró la propuesta sin consultar a la comunidad e impregnándola de sus filias y fobias individuales.
La iniciativa oficial se encuentra llena de aberraciones legales, comenzando por el hecho de que, como está estructurada, no podría ser una Ley General. Pero en el interior ésta también da muestra de un talante autoritario, ya que pretende que la investigación científica que se realice en México sea exclusivamente aquélla que sea aprobada por un Consejo presidido por el primer mandatario en turno. Tampoco gusta el hecho de que esta pérdida de libertad de investigación esté vigilada por las secretarías de la Defensa y de la Marina; aunque debe aceptarse que en otros países estos ministerios típicamente fondean significativamente al sector.
Por estos y otros muchos inconvenientes es que la comunidad académica de México ha reaccionado desde el inicio de esta administración federal, para proponer alternativas que sí cumplan con la necesidad que tiene nuestro país por mejorar y actualizar nuestro marco legislativo en materia del fomento a la ciencia y la tecnología. Hasta ahora diversos organismos y colectivos de científicos mexicanos han entregado al menos otras cuatro propuestas que buscan corregir algunas deficiencias del actual Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y articularlo de mejor manera para que pueda responder más fácilmente a los retos presentes y futuros que enfrentará México en materias como el combate al calentamiento global.
La presión de la comunidad académica ha sido tal, que la titular del CONACyT ha debido ordenar a los directores de los Centros Públicos de Investigación (CPIs) que coordina, para que salgan en apoyo de su propuesta. Por supuesto que, al ser éstos, empleados designados por la directora general, su pronunciamiento carece de independencia y seriedad. La carta signada por los directores de los CPIs contrasta profundamente con otras que también han sido dadas a conocer, pero en las que se estampan las firmas de muchos investigadores de esos mismos CPIs, y deja en evidencia el verdadero sentir de esas comunidades, que viven amenazadas por los titulares, pero que al mismo tiempo se han dado cuenta de que no pueden sucumbir ante sus temores y a causa de esto, permitir que la ciencia y la tecnología en México sufra un golpe que podría ser catastrófico para varias generaciones futuras.
En lo que respecta a la posible aprobación fast track de la iniciativa oficial, su realización representaría un verdadero cruce del Rubicón para los diputados y senadores del Partido Verde Ecologista de México. Particularmente complicado tiene el escenario el diputado Javier Joaquín López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esa cámara baja quien, por una parte ha expresado ante sus pares y senadores, su compromiso para elaborar una Ley de Ciencia y Tecnología moderna y plural, pero por otro, tendrá que ser capaz de respaldar sus dichos con los 41 votos con los que cuenta su partido en San Lázaro y que sólo en su totalidad podrían detener el fast track de la iniciativa oficial.
Lo anterior, dicho sin aberraciones.
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