Luis Alfonso Guadarrama Rico

Parece que continúan una serie de barreras u objeciones para que niñas, adolescentes y adultas mexiquenses puedan acceder al aborto seguro. Hace varios meses, el Poder Legislativo del Estado de México por fin se apiadó del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y, por ende, a determinar si quieren o no convertirse en madres en ese momento, después o nunca. La entidad mexiquense y sus instituciones políticas y gubernamentales tienden a escamotear derechos progresistas, especialmente cuando involucran la sexualidad, el derecho a un salario digno, así como el acceso a la eutanasia.

Hacia finales de 2024 la entidad mexiquense anunció con bombo y platillo que se había logrado la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Para entonces, se convirtió en la entidad número 17 dentro del tablero nacional. Lo que no se dijo es que la Legislatura Mexiquense había dejado encerrado en el cajón de esta política pública el asunto de asignar recursos públicos y personal capacitado para instrumentar y operar este derecho reproductivo en las mujeres.

Desde la objeción de conciencia, la limitada respuesta de la Fiscalía de la entidad, hasta la falta de personal capacitado y los escasos o nulos recursos que se asignan a esta política pública para que se instalen centros o clínicas de salud en el complejo Estado de México, parece que este derecho reproductivo no acaba de concretarse.

Como un día me dijo una diputada, cuando le comenté que no existían las condiciones acordadas: ¡Pero se logró! Sin posibilidades de materializar ese derecho en los hechos, hubo un mentiroso “avance”. Al pueblo también se le puede engañar con enunciados que jamás se materialicen. Aparte de sabio, el pueblo también aprende a desconfiar de los anuncios grandilocuentes.

Los registros públicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México continúan mostrando que miles de mujeres residentes en el Estado de México siguen desplazándose a clínicas capitalinas para acceder a la ILE.

Es ahí donde gobernantes mujeres y legisladoras, junto con todos varones, estamos llamados a actuar de manera responsable. ¿Qué está haciendo la Gobernadora Delfina Gómez al respecto? Porque en el decir, se compromete parte de la acción. ¿Qué seguimiento han acreditado aquellas legisladoras que impulsaron este derecho reproductivo para sus pares? Porque una política pública sin presupuesto, infraestructura y personal capacitado termina convertida en demagogia administrativa.

Más recientemente el Gobierno Federal ha institucionalizado aquello que ha denominado el “componente de aborto seguro”. Me parece estupendo que se tomen cartas en el asunto. Si así vamos, entonces la ciudadanía mexiquense tiene derecho a saber cómo va esta política pública de salud reproductiva. Ahora que estrenamos titular en la Secretaría de Salud, en la persona de la Dra. Celina Castañea, sería interesante saber cómo vamos en la materia.

Por ejemplo, cómo ha aumentado el acceso al aborto seguro; cuánto se ha invertido; cuál ha sido el perfil etario y socioeconómico de las niñas, adolescentes, jóvenes o adultas atendidas; por qué no han recibido este tipo de atención en la entidad. Porque el acceso al aborto seguro continúa siendo un derecho itinerante para las mujeres. ¡Ojalá pronto sepamos cómo vamos!