Luis Alfonso Guadarrama Rico

Una política pública frente a un problema de gran escala

Uno de los aspectos centrales en materia de prevención del embarazo a temprana edad consiste en saber si el gobierno federal, estatales y municipales cuentan con información suficiente, recursos públicos y capacidad territorial para atender a los grupos más afectados. Sin esos tres elementos, cualquier política pública corre el riesgo de quedarse en el discurso, en la coordinación burocrática o en la simulación institucional.

Durante la última década, el Gobierno federal ha destinado, en promedio, apenas 8.60 pesos anuales por adolescente para atender la salud sexual y reproductiva. Esa cifra, por sí sola, obliga a formular una pregunta inevitable: ¿corresponde ese nivel de inversión al tamaño del problema que el propio Estado mexicano reconoce? Para responderla conviene revisar cómo fue concebida la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y cuáles fueron los compromisos que asumió desde 2015.

Desde 2015, la ENAPEA pidió a los gobiernos estatales crear sus respectivos Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), siguiendo la estructura del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA). En el caso mexiquense, como en el resto de las entidades, dicho grupo quedó encargado de contribuir al cumplimiento de dos metas centrales: reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente de 15 a 19 años y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.

El GEPEA, Estado de México, como el resto de sus 31 homólogos, ha tenido bajo su responsabilidad ayudar a que se cumplan las dos metas inscritas en la Agenda 2030 y, por ende, en al menos cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Tal como se anotó en el documento inicial de esta política pública:  

La Estrategia se instrumentará con criterios de intersectorialidad, de derechos, de perspectiva de género y corresponsabilidad, y se acompañará de una sólida investigación y evaluación que posibilite la correcta rendición de cuentas. Las metas que persigue son: lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años (Gobierno de la República, 2015, p. 3) . 

Invariablemente, la entidad mexiquense, a través de su GEPEA ha subrayado que, en su caso, al tratarse de la entidad más poblada del país, ambos compromisos tienen considerables dimensiones. Dicha situación es indiscutible. Consecuentemente, uno esperaría que tanto el Gobierno federal, el estatal, los 125 municipales, más el Poder Legislativo local dieran claras muestras de que, al tratarse de la problemática más grande en el territorio nacional, los fondos públicos y los recursos humanos para atender esta problemática de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en adolescentes estuviesen a la altura y en las proporciones requeridas. No ha sido así. La magnitud del problema no ha encontrado un respaldo equivalente ni en los recursos públicos ni en la capacidad institucional destinada para enfrentarlo. En la siguiente colaboración analizaré con detalle el caso del Estado de México.

El presupuesto no acompaña al discurso

Si el Estado mexicano considera prioritario reducir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil, ¿por qué la dimensión de la inversión pública no guarda ninguna proporción con el problema?

A lo largo de más de una década de existencia de la ENAPEA (2015-2026), el gasto público para atender esta problemática ha sido insuficiente, inestable y marginal, tanto en el país como el Estado de México. Puede verse en la Tabla 1, cómo ha variado la inversión o el gasto público aplicado por la ENAPEA. 

Véase cómo durante el primer año la estrategia destinó 333.3 millones de pesos. Luego, en forma desconcertante, los siguientes cinco años (2016-2020) la cifra estuvo muy por debajo de aquel monto inicial. Después, la inversión en esta política pública de salud consiguió repuntar en 2021, cuando el país entero estaba en el segundo año de la pandemia por Covid-19. 

Llama la atención que justo cuando la población adolescente y juvenil estaba resguardada en casa, el Gobierno federal haya decidido aumentar el gasto público, aunque solamente para seguir expandiendo la instalación y el equipamiento de lo que actualmente se conoce como “Servicios Amigables”. Cuando menos se requerían debido a ese confinamiento, la inversión se tornó “oportuna”. Quizá nadie descalificaría tal inversión. De hecho, desde 2019 comenzaron a destinar los primeros fondos públicos para proporcionar este tipo de servicios. El asunto es que una buena parte del presupuesto público se fue a este renglón.

El verdadero valor de una adolescencia

La tabla que se presenta muestra que, en lo que va de la ENAPEA, al menos desde el ámbito federal, en promedio han invertido apenas ocho pesos con sesenta centavos, dirigidos a la salud sexual y reproductiva de la población adolescente en México. Esa es la dimensión de su preocupación. No podemos escapar a una pregunta por demás obvia: ¿Cuánto habrá destinado, con recursos propios, el Gobierno del Estado de México? Sigamos. Los fondos federales aplicados a esta política pública están claramente a la baja. Hace un par de años se destinaron menos de cinco pesos por adolescente. Ver la quinta columna de la misma Tabla 1. En 2024 fue la tercera ocasión en que menos fondos públicos se destinaron para esta causa.

En 2023 fue cuando el Gobierno federal más asignó. Sin embargo, ocho de cada diez pesos se dirigieron a proporcionar servicios de orientación y atención a mujeres en situación de violencia. Indiscutible su relevancia. El aspecto fino es que los dos pesos restantes, estuvieron etiquetados a la erradicación del embarazo infantil y disminución del embarazo en adolescentes, o bien, a la construcción de entornos seguros y de paz para las mujeres, niñas y adolescentes, conocidos como Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) .

Es claro que, mediante este tipo de argucias informativas, cargadas de “transparencia”, al incluir estos recursos dentro de los informes del GIPEA, se diluye el foco de atención que explícitamente tiene la ENAPEA y, con ello, se desatienden parcialmente las dos metas comprometidas en la Agenda 2030.

Al respecto, considero que las prioridades de un gobierno no se descubren en sus discursos, sino en la geografía de sus decisiones y en la intensidad presupuestal con la que decide respaldarlas. Porque, al final, todo presupuesto constituye también una declaración política sobre aquello que realmente considera importante.