René T. Pérez Ávila

Mucho revuelo ha causado la aprobación en lo general de la nueva Ley de la Guardia Nacional, que en esencia dispone el traslado de este cuerpo militarizado a la Secretaria de la Defensa Nacional, lo que para muchos representa una medida de militarización del país, sin embargo cabe precisar que la militarización de la seguridad pública en México es un hecho cuyo origen se remonta a sucesos ocurridos en el año de 1994. El 1 de enero de ese año, en Chiapas, se rebeló el Ejército Zapatista de Liberación Nacional contra las fuerzas armadas mexicanas, guerra que duró 11 días; sin embargo, la presencia militar en Chiapas y otras entidades federativas con inestabilidad social se prolongó hasta nuestros días, al aumentar la tensión con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y después, el de Ruiz Massieu, así como la crisis económica conocida como el “error de diciembre”, que tuvieron como consecuencia la militarización regional y sectorial del país, lo cual implicó un verdadero cambio en las relaciones cívico-militares de nuestra nación. Hasta antes del gobierno de Zedillo, las principales funciones del ejército eran mantener la integridad territorial, salvaguardar los recursos naturales, proteger y vigilar las instalaciones estratégicas, combatir el tráfico ilegal de armas, auxiliar la población en desastres, así como hacer labor social entre los sectores vulnerables. De acuerdo con una acuciosa investigación elaborada por el jurista Oscar Manuel Rosado Pulido para el Centro de Investigación y Docencia Económicas.(CIDE) institución pública de investigación y educación superior en ciencias sociales, suele creerse que fue en el sexenio del Presidente Felipe Calderón cuando comenzó la militarización de la seguridad pública, si bien en ese momento se intensificó, la realidad es que el debate sobre la militarización de la seguridad pública del país tiene su origen desde antes. El investigador citado refiere un interesante precedente como es la Acción de Inconstitucionalidad 1/96 promovida por 167 diputados de la LVI legislatura en contra la participación del ejército en tareas de seguridad pública. La acción fue resuelta por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación que calificó como constitucional la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, siempre y cuando, estuvieran bajo mando de las autoridades civiles, según el investigador citado “Tal vez sin que lo imaginaran los ministros que la votaron, la interpretación que le dieron al artículo 129 de la Constitución ha legitimado durante los últimos tres sexenios la militarización de la seguridad pública”. Ahora bien, las reacciones en torno a la aprobación de la nueva ley de la Guardia Nacional se enfocan a considerar que esta constituye un retroceso en materia de derechos humanos, no sólo por los riesgos intrínsecos ya demostrados que conlleva la militarización como mecanismo privilegiado para atender a la violencia del país, sino porque implican el fortalecimiento de las labores de inteligencia en manos de fuerzas armadas y más aún ”la reforma es un paso hacia la militarización total de la vida pública en México”, según afirma Laura Ballesteros, diputada de Movimientos Ciudadano, quien comentó que ahora los integrantes de la guardia podrán no sólo estar en el en el ámbito militar, sino también competir por cargos en los tres niveles de gobierno, de tal suerte que según la legisladora “todo está diseñado para consolidar un cambio de régimen que nos lleve a un estado militarizado”. Mi punto de vista es, sin caer en el extremo de las declaraciones anteriores, que debe reconocerse que la reforma concede a las instituciones militares una confianza superior a la dispensada a las instituciones civiles, bajo un discurso que asegura una supuesta incorruptibilidad de todo el cuerpo castrense, lo que es difícil de aceptar, más aún cuando es un hecho probado que el ejercicio y uso de la fuerza no ha logrado revertir los índices de violencia que azotan a nuestro país, pues a pesar de que durante casi 20 años, los cuerpos militares se han desplazado en labores de seguridad pública, existe una larga lista de casos en que la intervención de las fuerzas armadas ha resultado letal para la sociedad civil, como ocurrió con el asesinato de seis migrantes en Chiapas a finales del año pasado, y de dos estudiantes del de Tec. de Monterrey, documentada en el escalofriante relato fílmico “Armados hasta los dientes“ del cineasta Alberto Arnaut Estrada quien reconstruye la irrupción de una partida de militares al campus central del Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010 que culminó con la ejecución de dos estudiantes y tantos más casos de ejecuciones, extrajudiciales o detenciones, arbitrarias. Preocupante es el avance de la militarización que implica la nueva ley de la Guardia Nacional, pues siempre he pensado que es ominosa la presencia de patrullas militares en las carreteras así como calles de nuestra ciudad, lo que en cierta forma nos equipara a países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y otras Repúblicas Centromericanas donde la violación a los Derechos humanos es práctica común. Coincido con lo que han señalado voces especializadas y organismos de defensa de víctimas y derechos humanos, el camino adecuado para lograr la pacificación del país es el fortalecimiento de las instituciones civiles, la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, de las Fiscalías y del Ministerio público para garantizar un efectivo, acceso a la justicia con la adopción de Medidas encaminadas a la prevención del delito y al estudio y atención de las causas que generan la violencia. Por todo ello me uno al eslogan popular: "Militares a sus cuarteles, el pueblo a sus derechos"… Es Cuánto.

*Magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México