Rene T. Pérez Ávila
A nueve días del primero de junio, fecha señalada para la votación de personas juzgadoras, primer paso para materializar la reforma judicial, resulta indispensable un ejercicio de ponderación sobre los detractores de esta trascendental enmienda y la razones que esgrimen para oponerse a ella. En primer lugar, conviene señalar que, de acuerdo con el diccionario, el vocablo detractar es sinónimo de denigrar, infamar, injuriar, deshonrar, desacreditar, descalificar, atacar, calumniar y censurar, de ahí que quienes ejercen esta actividad se regodean en la crítica y en la descalificación con argumentos, la mayor parte de ellos, falaces e insustentables. así entre los principales detractores de este ejercicio, están los miembros del Poder Judicial, ministros, jueces, magistrados, etc. quienes consideran que la reforma pone en peligro su independencia y atenta contra la división de poderes, similar argumento suscriben los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, quienes critican la reforma porque aducen que con ella no se resuelven los problemas de fondo en la justicia y por romper el equilibrio de poderes. Ahora bien, estos razonamientos no tienen un sustento jurídico, pues en ningún momento se percibe que la elección de personas juzgadoras por parte de la ciudadanía constituye un ataque a la división de poderes que consagra el artículo 39 de la Constitución Federal, que de manera tajante, y sin lugar a interpretaciones indica que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo ejecutivo judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, por lo tanto, no existen razones de peso, para considerar que el ejercicio del voto ciudadano en la elección de juzgadores constituye una amenaza para la división de poderes, ni con ello se rompe el equilibrio que la propia carta magna establece, no hay tampoco una amenaza ni se pone en peligro la independencia de los jueces, puesto que ninguna parte de la reforma se ha indicado que estos obrarán por consigna, sino todo lo contrario. Algunos analistas y académicos que forman la denominada comentocracia expresan que la reforma puede debilitar la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la arbitrariedad. Nada más falso, puesto que contrariamente a ello, la reforma tiene por objeto la protección plena de los derechos humanos, en términos de lo que establece el artículo primero de nuestra Constitución, pues, desde mi punto de vista, este ejercicio democrático es la defensa y la lucha del pueblo de México por la justicia, la honestidad, la honradez y por erradicar la corrupción y el nepotismo que ciertamente es una forma de corrupción. Por otra parte, los inversionistas temen que la reforma pueda resultar en una politización del poder judicial, lo que afectaría la moneda, los bonos y las acciones mexicanas. También resulta falaz este argumento, puesto que no puede sostenerse que la conformación del nuevo poder judicial obedezca estrictamente razones políticas, pues es un hecho que los candidatos y aspirantes pertenecen a diversas corrientes e ideologías, lo que no impide en forma alguna, el ejercicio independiente y razonado de la labor judicial. Más aún cuando la reforma crea un Tribunal de Disciplina Judicial que se encargará precisamente de vigilar que la actuación de los Juzgadores se apegue estrictamente a derecho. En resumen, los detractores de la reforma judicial en México son diversos, pero comparten una preocupación fundamental, que es la protección de la independencia judicial y la división de poderes, que como he señalado, no se verá afectada con el ejercicio del voto ciudadano Por lo tanto, es muy importante que usted lector, lectora, no se deje llevar por los infundios las calumnias y el radicalismo verbal de la oposición bajo señalamientos tales como el de que el proceso de votación es confuso y tardado o que es Morena el partido en el Poder quien tiene el control para aprobar y controlar políticamente a quienes resulten electos, o que “ya está todo arreglado” para que los candidatos afines a ese partido sean los vencedores, ejerzamos con plena libertad nuestro derecho a elegir el nuevo perfil de la impartición de justicia en México sin hacer caso a tales asertos que sólo enturbian , lo que ya es un hecho consumado y elevado a rango constitucional. Pongamos oídos sordos a toda esa serie de murmuraciones, vituperaciones, ataques, calumnias, insultos, burlas y demás sinónimos de la detracción, pues, viniendo de quien vienen esas descalificaciones, podría exclamar “pa mi que son ojetes”, rindiendo con ello un póstumo homenaje a nuestro ilustre “indio de Acero“ nacido en Metepec, Porfirio Remigio, recientemente fallecido. Es cuánto.
*Magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
Columnista: René Tomás Pérez Ávila |
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