Por Manuel Montes de Oca Colín

En los tribunales mexicanos cada vez es más frecuente escuchar una expresión que parece compleja, pero que en realidad busca algo muy sencillo: evitar abusos del poder y proteger los derechos humanos. Esa herramienta se llama “Test de Proporcionalidad”. En términos simples, este test sirve para que los jueces analicen si una ley, una decisión de autoridad o incluso una sentencia afecta de manera excesiva los derechos de una persona. Su finalidad es encontrar un equilibrio entre el interés público y las libertades.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 10/2019 (10a.) con registro digital 2019276, ha sostenido que esta metodología es una herramienta argumentativa para verificar si existen restricciones indebidas a derechos fundamentales; así el test de proporcionalidad es un mecanismo racional que permite analizar cuidadosamente si la restricción a un derecho humano realmente está justificada.

La Corte mexicana ha desarrollado cuatro etapas fundamentales de este análisis. La primera consiste en verificar si la medida persigue una finalidad constitucionalmente válida. Es decir, si el objetivo que busca la autoridad es legítimo. La segunda etapa analiza la idoneidad. Aquí el juez revisa si la medida realmente sirve eficazmente para alcanzar el objetivo buscado. No basta con que la autoridad tenga buenas intenciones; debe existir una relación lógica entre la medida y el resultado esperado. La tercera etapa corresponde a la necesidad. En esta parte se estudia si existía otra alternativa igualmente efectiva pero menos perjudicial para los derechos humanos. En otras palabras, si la autoridad podía lograr el mismo objetivo afectando menos a las personas, es decir, si existía otra forma, entonces la restricción es inválida. Finalmente, la cuarta etapa es la proporcionalidad en sentido estricto. Aquí el juzgador realiza un balance entre el beneficio que obtiene la sociedad y el daño causado al derecho restringido.

En la práctica judicial mexicana, este análisis se utiliza en casos relacionados con libertad de expresión, seguridad pública, derechos electorales, igualdad, prisión preventiva, restricciones administrativas, conflictos familiares y muchas otras materias donde los derechos humanos pueden verse afectados.

El test de proporcionalidad representa una evolución importante del sistema jurídico mexicano, porque obliga a las autoridades a justificar sus decisiones con argumentos racionales y no únicamente con actos de poder. Hoy, más que nunca, la justicia cotidiana exige decisiones humanas, razonadas y equilibradas.

Porque en un Estado Constitucional, la verdadera fortaleza del derecho no está en limitar libertades, sino en protegerlas con inteligencia y sensibilidad social.