Luis Alfonso Guadarrama Rico

El Estado de México mantiene el reto de fortalecer la salud sexual y reproductiva en la población adolescente. Esta política pública requiere atender integralmente a las chicas que, siendo menores de edad, se han convertido en madres. Este grupo representa el 43% de los casos. Muchas de ellas han sido violentadas sexualmente desde la infancia y les han impuesto la maternidad.

Al quedar encinta, dentro de su familia, con frecuencia carecieron del apoyo para interrumpir el embarazo que quizá ni querían ni entendían claramente. Tampoco encontraron quién las protegiera dentro de la estructura del Estado mexicano laico, para acceder al aborto seguro. Dolorosamente quedaron atrapadas en ese otro cautiverio denominado madresposas, explicado profusamente por Marcela Lagarde .

Debido a su alta incidencia, los municipios que deberían atender estos casos son: Ecatepec, Chimalhuacán, Toluca, Naucalpan, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Zinacantepec, Chalco y Nezahualcóyotl. 

Perfil social de las madres menores de edad en el Estado de México

Entre 2015 y 2024, la entidad reportó 173,568 casos. En promedio, cada mes 1,446 menores de edad enfrentaron un parto. Ocho de cada diez fueron atendidas en un hospital público. Aunque mucha gente cree que el embarazo es la causa principal de la deserción o del abandono escolar, no es así. Apenas el 4% de estas adolescentes interrumpieron sus estudios a causa de la gestación o por estar próximas al parto. 

¿Qué sucede? Lamentablemente, el 96% de estas chicas abandonaron sus estudios dos o tres años antes de haber quedado preñadas. Una proporción considerable enfrenta condiciones asociadas con la precariedad socioeconómica. Si los gobiernos municipales y estatales emprendieran acciones de prevención del embarazo, acudirían a los pueblos, comunidades, barrios, colonias o fraccionamientos, en busca de chicas que –teniendo entre 10 y 19 años—estuviesen fuera del sistema educativo. Ellas son las que requieren acciones efectivas de los tres niveles de gobierno. 

Debido a su baja escolaridad, las posibilidades de empleo remunerado y digno se reducen drásticamente. Por ello, quedan atrapadas en actividades domésticas, la crianza y, cuando menos mal les va, contratadas dentro de la economía informal. Lamentablemente es difícil que le den empleo a una mujer menor de edad, con estudios de secundaria o menos, y que, además, está criando a un bebé. La mayoría de ellas vive en unión libre o está soltera; condición que agrava su dependencia económica e inseguridad social. Véase la infografía incluida en la siguiente figura.

Figura 1. Infografía con perspectiva de género sobre el total de casos acumulados de madres adolescentes menores de edad del Estado de México. Periodo 2015-2024.

Fuente: elaboración propia, a partir de las Plataformas interactivas del Proyecto Libélula, con base en información oficial procedente de los cubos dinámicos del INEGI y del SINAC, periodo 2015-2024. 

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Al carecer de empleo formal, poco más del 42% de estas menores de edad no estaban registradas en ningún sistema de salud. Además, el 37% de los casos acumulados tuvieron que contentarse con ser atendidas por el saturado sistema público de salud, ya fuese a través de los extintos INSABI o Seguro Popular, y más recientemente, por el IMSS Bienestar. 

Otra creencia es que la mayoría de estas madres forman parte de un grupo indígena. No es así, apenas el 4% de ellas dijo pertenecer a alguno de esos grupos. Ver la sección inferior, en la columna de la izquierda, de la misma figura.

Estos factores conducen a limitar su potencial de desarrollo. Siendo menores de edad, con baja escolaridad (en parte propia de su edad) y en situación de crianza, con sobrecarga de tareas domésticas, más el peso de la vida conyugal, es difícil que puedan reintegrarse a los estudios formales. Si el sistema educativo no se adapta para atender a esta población vulnerada, entonces hace falta personal con una visión curricularista innovadora. 

Habría que recuperar las orientaciones de pensadores como Paulo Freire o de teóricos como Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron , para diseñar un sistema educativo adaptado a esta población. No es casual que apenas el 8% de estas menores que están criando a su primer vástago hayan logrado continuar estudiando. Es posible que hayan contado con una red de apoyo intrafamiliar que salió al paso. Familias, gobiernos locales y la sociedad en su conjunto tendrían que formar círculos virtuosos para apoyarlas de manera efectiva e integral. 

Para romper con la tozuda dependencia económica de estas adolescentes es necesario diseñar y aplicar programas dirigidos a desarrollar sus capacidades y habilidades en actividades profesionales que estén fuera de los patrones reproductivos de la pobreza. Sorprende que los gobiernos estatales y municipales, pretendiendo romper el sometimiento económico de estas chicas, impartan cursos de cocina, bordado, macramé, repostería o bisutería, como si tales actividades fuesen a romper el círculo de la dependencia financiera; lo único que hacen es reproducir su condición de sometimiento.  

Emprender labores efectivas de prevención del embarazo conlleva proporcionarles oportunamente y de manera sistemática y eficiente insumos anticonceptivos que les permitan disponer de métodos reversibles y, cuando corresponda, de doble protección. Ello exige que tengan acceso a las pastillas del día después y que se difunda el acceso al aborto seguro. Estas acciones no aportarán grandes números, como cuando se acude a las escuelas primarias, secundarias o de nivel medio superior a impartir conferencias, charlas o talleres, pero sí impactarán en los indicadores más sensibles: los casos y las tasas específicas de fecundidad en adolescentes. 

El rostro oculto de los cogestantes

La mayoría de los hombres que procrearon con adolescentes menores de edad eran adultos: 79% tenía entre 18 y 75 años. El nivel de escolaridad es muy similar al de estas chicas. Dentro de ese universo existen casos que, por la edad de la adolescente y las circunstancias en que ocurrió la relación sexual, pueden involucrar distintas formas de violencia sexual y responsabilidades jurídicas que no deberían quedar invisibilizadas. 

Cuando estos varones no consiguen mantenerse en el anonimato --mecanismo permitido por el sistema patriarcal y machista que impera en el Estado mexicano y en diversas instituciones de la entidad mexiquense--, se sabe que las ocupaciones predominantes son empleado, obrero o jornalero. 

Al tener bajos niveles de escolaridad, es posible inferir que en una proporción importante de los casos ellos tienen ingresos bajos y constituyen la principal fuente de sustento económico, puesto que 76% de ellas está dedicado a las tareas del hogar. Esta configuración profundiza la dependencia económica de las adolescentes y contribuye a reproducir la precariedad en estos sistemas familiares.

Queda demostrado, una vez más, que al menos 19% de los hombres que han procreado con adolescentes menores de edad permanece oculto en los registros. Esta ausencia de información no es menor: además de impedir conocer el perfil completo de los cogestantes, reproduce una mirada institucional que concentra la atención y la responsabilidad en las adolescentes, mientras deja fuera del campo de observación pública a una parte de los varones.

Prevenir el embarazo adolescente exige dejar de mirar únicamente a las adolescentes. Mientras las políticas públicas sigan colocando sobre ellas casi toda la responsabilidad de la reproducción y mantengan en la penumbra estadística e institucional a una parte de los cogestantes, estaremos observando apenas la mitad del problema. Conviene insistir en que el embarazo adolescente no sucede en solitario.