Luis Alfonso Guadarrama Rico

El pasado mes de febrero el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, dio a conocer los criterios que deben seguir las entidades del país para prevenir, atender y erradicar la violencia sexual, el embarazo [en] adolescente(s), uniones tempranas y la cohabitación forzada. Esta acción se conoce como la Ruta NAME; consistente en acciones que buscan atender integralmente a: Niñas, Adolescentes, Madres y Embarazadas (NAME). 

Dicho llamado responde a un hecho impostergable. Si bien el país ha tenido resultados satisfactorios en la reducción de casos en adolescentes-madres entre 15 a 19, por lo que toca a las niñas-madres de 10 a 14, los avances no progresan conforme a lo esperado.

Estamos frente a un cambio sociocultural que tiene capas profundas. ¿Cómo erradicar estos casos de niñas-madres que, desde que tienen entre dos o tres años comienzan a ser abusadas por depredadores sexuales, hasta provocar un embarazo cuando apenas tienen entre nueve y catorce años? Sí, lamentablemente el rango etario es correcto: en el país tenemos madres con apenas nueve años de edad; se ha roto el grupo etario de 10 a 14, para perjudicar hasta las chicas de nueve. 

Se trata de un problema que el Estado mexicano no ha logrado resolver. Si se entiende bien, el Estado somos todos. Es decir, el gobierno en sus diferentes ámbitos o niveles, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la cultura, las familias, las escuelas, las distintas iglesias, el territorio, el marco jurídico o sus leyes, los medios de comunicación, el poder judicial, entre otros elementos.

La meta comprometida en la Agenda 2030 es que los casos de niñas-madres queden erradicados en todo el país. Si cada entidad federativa no actúa de manera efectiva en este componente de la acción, México quedará mal posicionado en el concierto internacional al no alcanzar una meta que se trazó desde 2015. 

Según lo estipula el documento de 90 páginas que publicó la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal, la Estrategia: Niñas y Adolescentes Libres y Seguras tiene tres componentes: I) Erradicación del embarazo en niñas y la atención y protección integral a las niñas víctimas de violencia sexual; II) Prevención del embarazo en adolescentes de 15 a 19; III) Evitar uniones tempranas y cohabitación forzada (página 14).

A través de una bolsa, que ha aportado el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), este año habrán sido beneficiadas 19 entidades del país, consideradas como aquellas que son prioritarias por su alta incidencia en estos fenómenos. No obstante, al revisar los indicadores algunas cuentas no son del todo claras. 

Puede verse en la siguiente tabla --preparada para esta colaboración—que en realidad la Secretaría de las Mujeres tuvo que “mediar” para incluir y otorgar apoyos a un conjunto de entidades con distinta cromática partidista para que no reclamasen al quedar fuera. 

Los once Gobiernos estatales que no tienen color en la tabla superior, son gobernados por el Partido Morena. Es evidente que tuvieron que distribuir los pocos recursos del FOBAM destinados, entre algunas de las entidades, so riesgo de ser cuestionados mediáticamente. 

Faltó rigor metodológico y predominó la negociación política. Por ejemplo, el estado de Aguascalientes, en términos de “prioridades”, debió quedar excluido a fin de incorporar a entidades como Michoacán. Desde luego, como esta segunda entidad representa un asunto incandescente política y electoralmente, parece que optaron por excluirla. 

Michoacán ocupó el 8º lugar en el tablero nacional, al reportar más casos de niñas-madres que Aguascalientes, quien se posicionó en el escalón 30, de arriba hacia abajo. La entidad hidrocálida tampoco calificó en un sitio preponderante con respecto a la tasa de 15 a 19, pues alcanzó el sitio 14, mientras que Michoacán exigía ser incluida al posicionarse en el tercer sitio nacional. Hace falta más criterio metodológico y menor toma de decisiones basadas en lo que dicta el hígado político cromático.

Otro aspecto que llama la atención es que estos fondos públicos, según lo expresa el mismo documento, deberán destinarse a la contratación de una promotora y dos brigadistas por entidad. ¿Es posible atender y resolver esta compleja problemática con tres profesionales que, con un salario neto de veinte o quince mil pesos mensuales, deberán recorrer casa por casa, comunidad por comunidad, barrio por barrio y colonia por colonia? Por si fuese poco, el escrito que ha convocado a esta acción señala que:

“Para la composición de cada equipo (una promotora y dos brigadistas) se deberá contratar, de manera preferente, a:

-Una enfermera jubilada.

-Una maestra jubilada.

-Una mujer joven menor de 25 años” (Página 30).

¿Podemos imaginar el alcance de una brigada con esas características que tendrá que caminar largas distancias para acudir a generar impacto en tierra? Cuando se diseñan estrategias en el escritorio, sin tener la menor idea de lo que implica el trabajo cotidiano en campo, casa por casa y calle por calle, se cometen errores que rayan en lo impráctico, aunque a la letra emanen efluvios románticos.

Tampoco se alcanza a entender por qué, en el caso del Estado de México, solamente se incluyeron cinco municipios: Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Santo Tomás (de los Plátanos) y Toluca. Si el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y del Consejo Estatal de Población tuviesen información más detallada a nivel territorial, grupo por grupo y localidad por localidad, podrían llevar a cabo un trabajo más estratégico en esta materia. Incluso, estaría en condiciones de hacer uso de la Inteligencia Artificial (IA) para realizar un trabajo ejemplar. 

Por ahora, todo parece indicar que, en materia de erradicación del embarazo en adolescentes, así como en violencia sexual e imposición de la maternidad a menores de edad en la entidad y en el país, seguimos aplicando una política pública en salud sexual y reproductiva con óptica vertical, deductiva y salpicada con un poco de tokenismo. 

Porque, cuando los datos dejan de orientar las decisiones públicas, las políticas terminan pareciéndose más a un ejercicio de administración política que a una verdadera estrategia para proteger a las niñas más vulnerables del país.