En México, la política parece haber cedido terreno ante la antipolítica: el diálogo se sustituye por la descalificación y la deliberación, por la confrontación. En ese desplazamiento, la desconfianza en las instituciones deja de ser una consecuencia y se convierte en un recurso. El debilitamiento democrático puede ser el camino; la concentración del poder, el premio.

Transitamos por una democracia sometida a una erosión acelerada. La polarización alimenta la regresión democrática y, al mismo tiempo, crea un terreno propicio para quienes buscan reducir los contrapesos, desacreditar las reglas comunes y presentar toda oposición como una amenaza. 

Cuando la política deja de ser el espacio donde se dirimen las diferencias, la disputa pública se enloda: ya no se busca convencer, sino desacreditar; ya no se intenta construir acuerdos, sino impedir que el otro sea reconocido como interlocutor legítimo.

Gobernar una sociedad polarizada puede resultar conveniente para quienes erosionan la democracia. La atención ciudadana queda atrapada en la confrontación, mientras se vuelve más difícil exigir cuentas, defender las instituciones y advertir los cambios que, paso a paso, alteran las reglas del juego. La división no elimina las responsabilidades de quienes gobiernan; puede, en cambio, hacer que se discutan menos.

Susan C. Stokes, directora del Chicago Center on Democracy, llama regresores a los líderes que llegan al poder mediante procedimientos democráticos y, desde ahí, debilitan las instituciones que limitan su autoridad. Su análisis parte de una pregunta incómoda: ¿por qué el electorado tolera e incluso respalda a dirigentes que erosionan la democracia?

En su libro, Stokes explora varias respuestas y pone atención en dos factores: el aumento de la desigualdad salarial y una retórica política cada vez más agresiva. Cuando amplios sectores sienten que las oportunidades se alejan y que sus reclamos no encuentran respuesta, el resentimiento puede convertirse en una fuerza electoral. Los dirigentes que explotan ese malestar no siempre ofrecen soluciones; a menudo ofrecen culpables. Y la animadversión entre ciudadanos puede resultarles políticamente rentable.

La política enlodada prospera cuando la indignación reemplaza al juicio y la lealtad partidista pesa más que la evaluación de los hechos. Entonces, cualquier crítica se interpreta como traición; cualquier límite institucional, como una conspiración; cualquier adversario, como un enemigo al que no hay que responder, sino silenciar. Así, buena parte de la ciudadanía termina defendiendo a quienes debilitan las instituciones que también deberían protegerla.

Pero la antipolítica no es el destino inevitable de una democracia. La política —la arena donde una sociedad discute, discrepa y decide— puede recuperarse si volvemos a exigir razones, resultados y respeto a las reglas; si dejamos de confundir la estridencia con la firmeza y la lealtad con la obediencia. Una democracia no se sostiene porque todos pensemos igual, sino porque aceptamos resolver nuestras diferencias sin destruir el terreno común.

Cantar las cuarenta, en este momento, quizá consista en decirlo sin rodeos: cuando el debate se convierte en lodo, nadie sale limpio y la democracia pierde el espacio donde puede corregirse. Recuperar la arena política no exige unanimidad; exige ciudadanos dispuestos a no renunciar al diálogo, a la vigilancia y a la responsabilidad de elegir. Ese espacio no pertenece a un partido ni a un líder: es de todos, y dejarlo abandonado también es una decisión.