Al revisar el anecdotario político de nuestro país, en el apartado de las frases pronunciadas por expresidentes de la República, vino a mi mente una que inspira estas líneas: «Ningún presidente se levanta pensando en cómo joder a México». La dijo un expresidente en aquellos tiempos en que éramos felices y no lo sabíamos. Pero su sentencia envejeció muy pronto.

Nos parecía lejano el momento en que esa expresión cobraría plena vigencia. ¿Quién iba a decir que, a lo largo de los últimos ocho años, terminaría por imponerse como motivo de reflexión?

Para ello, he desempolvado un término acuñado por los antiguos griegos, pues considero que retrata de cuerpo entero lo dicho en su momento por quien nos advirtió lo que se venía, antes de dar el triple salto mortal de la infamia.

Misódemos significa «enemigo del pueblo» o «que odia al pueblo». Procede del griego misódēmos: misos(«odio») y dēmos («pueblo»). Es un término poco común, empleado sobre todo en contextos políticos e históricos para describir a alguien hostil al pueblo o a la participación popular. Al analizarlo, encontramos en él un sentido que vale la pena considerar.

En el vocabulario político griego antiguo, misódemos describe a quien es hostil al dēmos: el pueblo entendido como cuerpo ciudadano. No era una categoría académica equivalente a «autócrata», sino una acusación política, dirigida a menudo contra quienes se asociaban con la oligarquía o despreciaban a los ciudadanos comunes.

Por eso, conviene reconocerlo por sus conductas y políticas, no solo por sus declaraciones o supuestas intenciones. Algunos rasgos posibles son:

• Despreciar la capacidad política de la gente común, tratándola como incapaz de deliberar o gobernarse.

• Concentrar el poder en una persona, una élite o un grupo cerrado, reduciendo la participación ciudadana efectiva.

• Restringir los derechos políticos: limitar el voto, excluir grupos del proceso, debilitar la competencia electoral o impedir la organización de la oposición.

• Reprimir la crítica y el debate público mediante la censura, la intimidación o el castigo a los disidentes.

• Usar las instituciones para proteger a quienes gobiernan, en vez de someter el poder a controles y rendición de cuentas.

Vivimos en un país cuyo bien más preciado es la libertad y en el que los principios de un gobierno republicano deben tener plena vigencia y permanencia, junto con el respeto a nuestras garantías individuales.

La reflexión exige no confundir la crítica a un gobierno con el odio al pueblo. La diferencia se advierte en los hechos: cuando se debilitan los contrapesos, se descalifica a quien cuestiona, se reduce la participación ciudadana y las instituciones dejan de servir a todos para ponerse al servicio del poder, la libertad deja de ser una garantía efectiva y se convierte en una promesa retórica.

Por eso, más que atribuir intenciones, conviene juzgar decisiones y consecuencias. Ningún gobernante necesita levantarse pensando en perjudicar al país para terminar haciéndolo: basta con que cierre los oídos a la crítica, confunda lealtad con obediencia y coloque el proyecto de poder por encima de la República.

La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de un día para otro; suelen erosionarse cuando la sociedad se acostumbra a justificar cada abuso y a mirar con indiferencia el debilitamiento de sus instituciones. Defenderlas no es una consigna partidista: es una responsabilidad ciudadana. México no pertenece a un gobierno ni a un movimiento. Pertenece a quienes, generación tras generación, tienen el deber de cuidar su libertad.

Ahí está la amarga realidad: un país puede ser perjudicado incluso por quienes aseguran actuar en su nombre. Y ante eso, la respuesta no debe ser el silencio, sino la memoria, la crítica y la participación. De eso se trata, al final, cantar las cuarenta.