Ana María López

En los Estados Unidos, el caso de Genaro García Luna no es un asunto de justicia, sino de alta política, de ahí que el juez Brian Cogan haya concedido ya tres aplazamientos de la audiencia final de sentencia, que fue nuevamente pospuesta, ahora hasta el 9 de octubre próximo, señaló en entrevista con Portal el periodista Francisco Cruz Jiménez, autor del libro García Luna, el señor de la muerte.

Explicó que muy probablemente García Luna está negociando con el gobierno de los Estados Unidos la entrega de la información que posee sobre “toda la historia político-criminal de México”, y que consiste en 15 millones de expedientes que generó desde su llegada en 1989 al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) —hoy Centro Nacional de Inteligencia— y que se encuentran en sus archivos personales; información que obtuvo y procesó con la ayuda de un grupo de agentes que entraron con él, así como de quien después se convirtió en su esposa, Linda Cristina Pereyra Vázquez, y Maribel Cervantes Guerrero, primera secretaria de Seguridad Pública del estado de México en el gobierno de Alfredo del Mazo Maza.

Pero esta negociación se está llevando a cabo “a cuentagotas”, abunda Cruz Jiménez, no lo puede hacer abiertamente porque el propio gobierno de Estados Unidos no lo podría proteger por mucho tiempo y el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa enfrentaría a gente muy poderosa.

Además, existe un antecedente: Guillermo González Calderoni, superpolicía de Salinas de Gortari, quien al terminar ese gobierno se entregó voluntariamente a las autoridades estadunidenses, pudo vivir unos años tranquilo, protegido por ese gobierno, pero eventualmente un francotirador lo cazó en McAllen, Texas. “Nadie sabe enviado por quién, y nadie sabe qué le dio González Calderoni al Departamento de Justicia de EU. El punto es que lo ejecutaron, así que García Lina ya sabe lo que le espera si habla”.

Francisco Cruz expuso que entre estos archivos se encuentran, por ejemplo, las carpetas rojas —documentos ultrasecretos que solo pueden leer el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y el Jefe del Cisen—, relacionadas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; informes de la Dirección Federal de Seguridad sobre el involucramiento de la familia del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en el narcotráfico, sobre todo de su padre y de su hermano Raúl, información que luego confirmó el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.

También están ahí los informes de cómo la familia —el padre y los hermanos— de la esposa de Ernesto Zedillo Ponce de León controlaba el cártel de Colima y de cómo este exmandatario permitió también que se crearan bandas de secuestradores de alto nivel en México.

Además, están en posesión de García Luna todos los expedientes de políticos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional que hasta el 30 de noviembre de 2018, al concluir el gobierno de Enrique Peña Nieto, estuvieron involucrados con el crimen organizado, así como los de magnates vinculados a casos de altísima corrupción y de los jerarcas de la Iglesia católica relacionados con la pederastia clerical.

“Estoy convencido de que García Luna está hablando, porque tantas facilidades a un reo de esa naturaleza no son muy comunes, ni siquiera los grandes mafiosos en EU tienen tantas consideraciones de la justicia federal”, agregó el periodista. “Si García Luna les da buena información, lo pueden hacer testigo protegido o bien liberarlo, pero si esto último sucede, lo más seguro es que lo van a estar esperando, lo van a cazar. Hay que esperar a ver qué salida política le da la justicia de EU”.

A la pregunta de para qué Estados Unidos utilizaría eventualmente esta información, Cruz Jiménez descartó que sea para iniciar juicios contra otros personajes de la política nacional, pero sí para labores de inteligencia, como ha ocurrido en otros países. “¿Qué pasará eventualmente si habla? Quizá no con Claudia Sheinbaum, pero eventualmente va a llegar otro gobierno con el que puedan utilizar la información para ejercer presiones de todo tipo. Con Andrés Manuel López Obrador no pueden, porque no tienen nada contra él, lo que hicieron fue enviar información falsa, de tal forma que no pudieron tumbar este gobierno, pero eventualmente puede llegar algún funcionario al que sí puedan presionar”.

Finalmente, consideró que lo ideal para México sería que García Luna quedara libre, porque a diferencia de cuando López Obrador llegó a la presidencia, que no había información para armarle un caso, ahora sí se tiene, y lejos de ser este un “regalo” para la derecha mexicana, si la Fiscalía General de la República hace un buen trabajo, sería un triunfo para la izquierda porque se demostraría todo lo que hay contra él.