Lucio Ramírez Medina

¿Garantiza la Constitución Libertad de Expresión e Información?   

Para todos los mexicanos, pero para los comunicadores, sobre todo, se trata de un Derecho y de una Obligación: informar y expresar con absoluta libertad las ideas, lo cual efectivamente está tutelado como Garantía Constitucional, que además se trata de un derecho humano reconocido en las Convenciones Internacionales, como basamento de la civilización moderna para la construcción de la paz, el progreso y el desarrollo democrático de toda nación.

Nuestra Carta Magna, en su artículo séptimo establece: la libertad de expresión es un derecho humano inviolable, y se prevé que éste no puede ser restringido por vías o medios indirectos, como controles oficiales o particulares, de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas o enseres y aparatos usados en la difusión de la información, o por cualquier otro medio y tecnología  de la información encaminados a impedir la transmisión y circulación de las ideas.

Así se reconoce también en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo trece, donde igual que la Constitución Mexicana, establecen con toda precisión: “ninguna autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, y que queda prohibida toda apología del odio nacional que constituya incitaciones a la violencia o cualquiera otra acción ilegal similar contra cualquier persona, por ningún motivo”.

Actualmente, los ojos del mundo a través de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos y de la libertad de expresión y de información, están puestos en México ante el sistemático abuso oficial que se ejerce contra el periodismo a través de la incitación de la violencia hacia comunicadores y medios críticos al poder, lo cual ha sido catalogado como una violación grave y reiterada de derechos humanos que coloca a México entre las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, además de que transgrede de manera evidente un compromiso internacional avalado por el Senado mexicano.

Todas las autoridades, sin importar su orden jerárquico, están obligadas a observar y proteger la observancia y el cumplimiento de ese derecho fundamental, lo mismo que los jueces a atender a castigar todo incumplimiento al respecto.

*Licenciado y Maestro en Periodismo

lurame_3@hotmail.com                  @luciorm