Luis Alfonso Guadarrama Rico

Aunque mucho se ha dicho, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en la entidad mexiquense, no marcha del todo bien en esta materia. Hace falta revisar críticamente esta situación que realmente data del año 2016 y no, como se ha creído, de 2015.

Los aciertos

En 2015 se puso en marcha la ENAPEA, instando a las entidades del país a que instituyeran su respectivo Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA). El Estado de México creó su grupo en agosto de 2015, teniendo a la cabeza al Consejo Estatal de Población y al entonces Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), hoy Secretaría de las Mujeres. El grupo no pudo operar a toda su capacidad hasta que llegó enero de 2016, cuando se publicó su Reglamento.

El GEPEA Estado de México ha participado en las convocatorias para recibir y ejercer financiamiento, procedente de diversos fondos federales, para llevar a cabo sus labores. Asimismo, ha remitido informes anuales al Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), instancia encargada de recibir dicha documentación y de ponderar resultados. 

El GEPEA mexiquense ha mantenido visible su agenda de trabajo, al tiempo que ha destinado espacios digitales de acceso abierto para difundir materiales de salud sexual y reproductiva, así como algunos indicadores, a través de los sitios oficiales del COESPO y de la Secretaría de las Mujeres.

Desde el GEPEA, la colaboración entre dependencias gubernamentales como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido sostenida y sistemática desde que se puso en marcha la estrategia en el territorio estatal. 

En este sentido, puede considerarse que se ha constituido un primer círculo de sólida colaboración intersectorial entre: COESPO, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para cristalizar los esfuerzos del grupo estatal.

La Secretaría de Salud local, aparte de aportar insumos de prevención y de planificación del embarazo, ha sido el eje central para la instalación y operación de los 355 Servicios Amigables para adolescentes y jóvenes. También está a cargo del acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y del acceso al componente del aborto seguro para casos de violencia sexual.

Por lo que corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha sido el puente más utilizado para que las acciones del GEPEA arriben a territorios municipales. Es un eje que ha servido para capilarizar diversas temáticas que emanan de la ENAPEA.

Más recientemente, ha cobrado relevancia un segundo anillo, constituido por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (SIPINNA), el Sistema DIF estatal y los correspondientes DIF municipales, además de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con las Policías de Género de cada demarcación municipal, así como el Instituto Mexiquense de la Juventud y sus representantes en cada uno de los 125 municipios.

Un tercer anillo se ha forjado a partir de la colaboración del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Bienestar de la misma entidad, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, la colaboración con algunas instancias académicas (entre ellas la UAEMéx) y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Véase el siguiente esquema. 

Los claroscuros

El presupuesto público asignado a la ENAPEA ha disminuido significativamente para desplegar las acciones pautadas a escala nacional, estatal y municipal. El fondeo comenzó con 47 millones de pesos (mdp) para el 2015. Cada año fue en ascenso, hasta llegar a poco más de 200 mdp, en 2019 y 2020. En 2021 recibió la financiación más alta con 406 mdp. Por cierto, ese fue uno de los años en los que más Servicios Amigables se instalaron en el país. A partir del siguiente año bajaron los recursos económicos, hasta que en 2024 se asignaron 101 mdp. 

Hasta ahora, no se sabe con claridad qué cantidad de dinero se destinó a la ENAPEA en 2025 y 2026. Quizá estamos frente a un cambio de rumbo en esta parte de la política pública en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Por ejemplo, en 2025 el GIPEA informó que transferiría fondos públicos a las entidades, pero en especie, a través de “paquetes”. En 2026, se dijo que mediante el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) se transferirían 39.9 millones de pesos para que en determinados municipios prioritarios se contrataran promotoras y brigadistas, dedicados a prevenir el embarazo infantil. 

Lo que ahora parece un hecho es que ha ocurrido una reducción de fondos públicos para operar la ENAPEA, misma que ha afectado a todo el país. Sin embargo, en el caso del GEPEA Estado de México la afectación ha sido considerable, al tener el mayor porcentaje de la población adolescente. Dicho sea de paso, el Poder Legislativo de la entidad apenas ha destinado un promedio anual de 3.8 millones de pesos, entre 2016 y 2024. Es decir, ha invertido en este asunto de salud sexual y reproductiva de este grupo vulnerable la suma de un peso con 31 centavos por adolescente cada año. ¡Ese es el tamaño de su preocupación!  

La aprobación de procesos de gran impacto sociocultural como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el acceso al aborto seguro por incidentes de violencia sexual, la aplicación de la Ruta para atender a Niñas, Adolescentes, Madres y Embarazadas (NAME), la prohibición de Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF) y el acceso a los Servicios Amigables forman parte del engranaje para avanzar con la ENAPEA en cada entidad federativa.

No obstante, en el Estado de México el GEPEA no tiene un escenario del todo propicio. La ILE se aprobó apenas hace un par de años, pero poco se sabe acerca de los avances logrados. Las campañas son casi inexistentes; lo que sí se sabe es que cientos de mujeres mexiquenses continúan acudiendo a algunas de las 14 clínicas de la Ciudad de México, especializadas en proporcionar el servicio de la ILE, porque todavía no está claro dónde se les puede atender.

El acceso al componente para el aborto seguro en acontecimientos de violencia sexual funciona dentro de la entidad, pero es recurrente que las clínicas y hospitales ubicados en el territorio estatal carezcan de medicamentos esenciales como misoprostol y mifepristona. Este otro servicio parece ser objeto de ocultamiento por parte del GEPEA.

La instrumentación efectiva de la Ruta NAME, junto con la operación del protocolo que al efecto se debe aplicar, suele toparse con limitaciones e inacciones. Por ejemplo, las autoridades, empleados o funcionarios públicos que atienden a niñas o adolescentes embarazadas tienden a omitir la aplicación de la Ruta NAME, aduciendo que tienen sobrecarga de trabajo. Consecuentemente, dejan pasar estos hechos e incumplen con lo que dictan las leyes, las normas de salud y los protocolos. Indudablemente, esto afecta a niñas y adolescentes gestantes y a quienes son madres antes de los 20 años.

Finalmente, con respecto a los MUITF, estos constituyen otro fenómeno social que se enfrenta a resistencias socioculturales que emanan de diversas fuentes. Por un lado, desde algunas familias que continúan viendo a sus hijas menores de edad como objetos para obtener recursos monetarios o en especie. Por otro, diversos sacerdotes o líderes religiosos que, pasando por alto lo que marcan las leyes civiles, deciden unir o casar a personas adultas con menores de edad o entre menores de edad.

Sería deseable una revisión y evaluación más integral, tipo 360°, del GEPEA Estado de México. Los indicadores nacionales e internacionales constituyen un valioso punto de referencia. La reducción de la tasa específica de fecundidad en el grupo de 15 a 19 años va bien, aunque no en todos los municipios. Lo que muestra rezago es el compromiso de erradicar los casos de niñas-madres de 10 a 14 años. Veamos qué sucede.