perdonar-es-un-derecho-la-justicia-tambien-necesita-humanidad

¿Perdonar es un derecho? La justicia también necesita humanidad

Por Manuel Montes de Oca Colín

Hay heridas que ninguna sentencia puede sanar y ofensas que ninguna indemnización consigue borrar. Frente a ellas surge una decisión profundamente humana: perdonar. Pero ¿el perdón es solamente una virtud moral o también puede tener una dimensión jurídica?

El perdón puede entenderse como la decisión libre y voluntaria de una persona de dejar de alimentar el resentimiento frente a quien le ha causado un daño, sin que ello signifique necesariamente olvidar lo sucedido, justificar la conducta o renunciar a la justicia. Es, ante todo, una expresión de autonomía personal, dignidad y libertad de conciencia.

Desde el derecho, conviene hacer una precisión: no existe en México un derecho humano autónomo al perdón, reconocido expresamente con ese nombre en la Constitución o en los tratados internacionales. Sin embargo, su ejercicio puede relacionarse con derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad de decisión y el libre desarrollo de la personalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha examinado esta figura en el Amparo en Revisión 398/2021, resuelto por su Primera Sala el 9 de febrero de 2022. Al analizar el artículo 93 del Código Penal Federal, que condiciona la eficacia del perdón del ofendido a la reparación de los daños y perjuicios, confirmó la constitucionalidad de esa exigencia. Esto permite distinguir entre el perdón como decisión personal y el perdón como institución jurídica, cuyos efectos dependen de los requisitos establecidos por la ley.

En efecto, el perdón del ofendido no opera en todos los delitos ni significa que una persona pueda disponer libremente de la facultad del Estado para investigar y sancionar cualquier conducta delictiva. Su eficacia está limitada, entre otros aspectos, a los delitos perseguibles por querella y a las condiciones previstas en la legislación aplicable.

En el ámbito internacional, los principios de Naciones Unidas sobre justicia restaurativa, aprobados mediante la Resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social, reconocen la importancia de que víctima y responsable puedan participar voluntariamente en procesos orientados a reparar el daño y atender las consecuencias del delito. El consentimiento debe ser libre y puede retirarse. La justicia restaurativa, por tanto, abre espacios para el diálogo, la responsabilidad y la reconciliación, pero nunca para imponer el perdón.

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el emblemático caso Barrios Altos vs. Perú (2001), estableció que las amnistías destinadas a impedir la investigación y sanción de graves violaciones a derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana. La lección es contundente: la reconciliación social no puede construirse sobre la impunidad.

¿Cuáles son entonces los alcances del perdón? En el plano personal, permite a quien lo concede decidir cómo afrontar el daño sufrido; en el ámbito jurídico, puede producir consecuencias legales cuando la legislación expresamente lo contempla; y en el terreno social, puede contribuir a reconstruir relaciones y comunidades, siempre que exista verdad, responsabilidad y reparación.

Hay algo que no debemos olvidar: ninguna víctima está obligada a perdonar para demostrar que ha superado el daño, y ningún agresor puede exigir el perdón como si fuera un derecho que le pertenece.

El perdón dignifica cuando nace desde la libertad, no cuando se impone. Porque una sociedad verdaderamente justa no es aquella que obliga a olvidar las ofensas, sino aquella que garantiza que nadie tenga que elegir entre perdonar y obtener justicia.



Columnista:
Manuel Montes de Oca
Vistas:
156

Opiniones Relacionadas