Por Manuel Montes de Oca Colí

La justicia no consiste solamente en castigar a quien se considera responsable, sino en demostrar legalmente su responsabilidad, respetando el derecho de toda persona a defenderse.

La garantía de audiencia es uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, constitucional y de derecho, porque representa una protección frente a la arbitrariedad de las autoridades. Su principio es sencillo, pero fundamental: nadie debe ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o derechos sin que previamente tenga la oportunidad real de defenderse y ser escuchado, es decir, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; así lo establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Su naturaleza jurídica es la de un derecho humano de carácter fundamental y una garantía de seguridad y certeza jurídica. No es una simple formalidad que las autoridades puedan cumplir por compromiso, sino una condición indispensable para que cualquier decisión que afecte los derechos de una persona sea legítima.

¿En qué consiste este derecho? Fundamentalmente, en que toda persona tenga conocimiento de los hechos o acusaciones que se le atribuyen; pueda presentar pruebas para defenderse; tenga la oportunidad de formular argumentos y alegatos; y reciba una resolución que analice sus planteamientos y las pruebas aportadas. En otras palabras, no basta con permitir que alguien esté presente en un procedimiento: debe contar con una oportunidad verdadera y efectiva de defenderse.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un criterio fundamental sobre este tema, mediante la jurisprudencia P./J. 47/95, registro digital 200234, de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”. Este criterio reconoce que las formalidades esenciales del procedimiento comprenden, entre otros aspectos, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de formular alegatos y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Su importancia radica en que establece que la defensa no puede ser una simulación: debe existir una oportunidad real de contradicción antes de que la autoridad adopte una determinación que afecte los derechos de una persona.

Sin embargo, cuando hablamos de una condena penal, la protección constitucional adquiere todavía mayor relevancia. El artículo 20 constitucional reconoce la presunción de inocencia, lo que significa que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia que demuestre legalmente su responsabilidad. Por ello, no es justo ni constitucionalmente válido o admisible condenar a una persona por sospechas, prejuicios, rumores, conjeturas, presiones sociales o investigaciones incompletas. La responsabilidad penal debe acreditarse mediante pruebas lícitas, suficientes y desahogadas con respeto al derecho de defensa. Además, para dictar una sentencia condenatoria debe superarse el estándar de prueba más allá de toda duda razonable. Si existe una duda razonable sobre la responsabilidad del acusado, debe prevalecer la presunción de inocencia.

La garantía de audiencia también exige imparcialidad, igualdad procesal, acceso a la justicia y respeto al derecho de contradicción. Su aplicación no se limita a los procesos penales: comprende los procedimientos administrativos, civiles, familiares y cualquier actuación estatal que pueda afectar los derechos de las personas, de acuerdo con su naturaleza y las reglas aplicables.

En conclusión, escuchar a una persona antes de condenarla no es un favor de la autoridad, es una obligación constitucional. Una justicia que no escucha, que no permite defenderse y que condena sin pruebas suficientes deja de ser justicia para convertirse en arbitrariedad.

Porque nadie debe tener que demostrar su inocencia para evitar una condena injusta: es el Estado quien tiene la obligación de demostrar la responsabilidad, respetando siempre el derecho de toda persona a ser escuchada y defendida. La justicia no debe medirse por cuántas personas condena, sino por cuántas decisiones justas es capaz de construir respetando los derechos humanos.