Eric Rosas

Un año y contando

La acusación vacua, sin aportar la más mínima evidencia, ha sido la práctica habitual del primer mandatario para acumular el dinero público y justificar una supuesta “austeridad republicana”. Señalar a todos de corruptos con el dedo flamígero, arrojándolos con ello a las fauces de los resentidos y sedientos de venganza, ha servido para disimular la avidez por el erario, a fin de repartirlo a diestra y siniestra como dádivas propias. De esta forma fincó también su discurso cuando ordenó a los diputados oficialistas de la LXIV Legislatura Federal, encabezados por Mario Delgado, que le entregaran íntegros los recursos de 109 fideicomisos; entre éstos 91 establecidos para financiar actividades de ciencia, tecnología e innovación y que en su conjunto reunían una cifra tan minúscula —comparativamente al gasto de nuestro país— como 784 millones de pesos (mdp). En repetidas ocasiones López acusó a los científicos de darle un mal manejo a estos instrumentos financieros y en su conferencia de prensa matutina del 8 de octubre del 2020 se comprometió a que en diez días tendría “…todo el informe…” con las evidencias de sus señalamientos; es decir, para el día 18 de aquellos corrientes.

Hoy, 18 de octubre del 2021, se cumple un año de que venció el plazo establecido por mismo el titular del Poder Ejecutivo Federal para mostrar las evidencias de sus dichos y, como era de esperarse, sigue sin exhibirlas. La razón de esta falta es que tales pruebas de corrupción no existen, porque los fideicomisos para ciencia y tecnología eran usados de manera pulcra para pagar becas a estudiantes de posgrados; reparar desperfectos imprevistos en instrumentos, instalaciones y equipos; cubrir los gastos de investigaciones de campo; compensar pérdidas por paridad cambiaria en la compra de equipos científicos y muchas otras actividades propias de la naturaleza de la actividad científica. Los más de 68 mil mdp que la Secretaría de Hacienda recibió al finiquitar los 109 fideicomisos desaparecieron sin dejar rastro y los 784 mdp tampoco regresaron a las universidades ni a los centros públicos de investigación (CPIs) a través del presupuesto para ciencia y tecnología del 2021, como lo prometió el entonces secretario de hacienda, Arturo Herrera.

Un año después de tal operación ensuciada por la calumnia, la actividad científica de México se encuentra herida de muerte. Muchos CPIs no tienen recursos ni siquiera para mantener una actividad basal. Los equipos e instalaciones que llegan a sufrir averías no pueden ser reparados, sino hasta que los respectivos costos de mantenimiento correctivo puedan incluirse en el presupuesto del año siguiente y éste sea aprobado; burocracia que termina con los proyectos de investigación en muchos casos, como aquéllos en los que las muestras caducan. Los equipos de investigación ya no tienen posibilidad de participar en proyectos multianuales, porque no cuentan con los recursos que les permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos que asuman. Día con día los equipos e instrumentos científicos se vuelven más obsoletos porque la partida correspondiente para su renovación es prácticamente nula y ya no se puede echar mano de los recursos propios que antes se ahorraban en los fideicomisos, para subsanar estas carencias presupuestales.

La actividad científica en nuestro país está entrando en coma. Urge la creación de una Fundación Mexicana para la Ciencia que recupere el dinero de los extintos fideicomisos y pueda, con su inyección inmediata, salvar a la ciencia en México.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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