Leobardo Hernández

Empresarios, funcionarios y representantes corruptos de trabajadores convirtieron al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en un aparato de estafa en el que los créditos se hicieron impagables, se construyeron viviendas inaccesibles que terminaron abandonadas en la mayor parte de los casos y los directivos reciben, aún, percepciones exorbitantes, expuso el director del instituto, Octavio Romero Oropeza, este miércoles.

La fundación del Infonavit ocurrió en 1972; después de funcionar con normalidad por 15 años, en 1987 cambió el esquema en el que los créditos, pese a ser pagados por los derechohabientes de forma regular, subían, lo que dejó un saldo de 4 millones considerados impagables, de los 6.2 millones que se han otorgado hasta ahora. 

A esto se suman actividades fraudulentas coordinadas por funcionarios y empresarios corruptos como la venta y reventa de una vivienda en varias ocasiones, legalizadas por notarios impunemente. En este sentido, el director del Infonavit, Romero Oropeza, expuso que sólo en el Estado de México (bajo la colusión de 3 notarios, 2 despachos de valuación, 3 peritos valuadores, 4 controladores y 6 empleados del Infonavit) se vendieron 496 viviendas 4 mil 130 veces; es decir, la misma vivienda tuvo varias compras sin ser habitada. 

Dicho esquema se replicó en todo el país, y los estados donde más ocurrió son, además del Edomex, Jalisco, Baja California, Sonora, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro y Nuevo León. Ésto con la complicidad de funcionarios de gobierno y desarrolladores inmobiliarios.

Romero Oropeza reveló que actualmente el fondo de ahorro de los trabajadores adscritos al Infonavit está prácticamente blindado contra auditorías, “sólo se realizan observaciones administrativas irrelevantes y no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando”, hecho que la reforma busca revertir para abrir dichos recursos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo”, explicó la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo.

Un caso emblemático, expuso Romero Oropeza, es el de la empresa Telra Reality, que el Infonavit contrató en 2014 fue contratada por 100 millones de pesos (mdp) durante 2 años para desarrollar una plataforma de registro a personas acreditadas por el Instituto que cambiaron de domicilio; sin embargo, “no entregó el servicio contratado, por lo que debió haber sido penalizada en ese momento”. 

No obstante, además de salir impune por el incumplimiento, el Infonavit pagó 5 mil mdp al corporativo, de los que 2 socios devolvieron 2 mil millones de pesos, mientras los 3 restantes se han negado a reponer el monto. 

El director del Infonavit apuntó que el documento que “sustenta” la resolución se atribuye al despacho legal White & Case, presentado por la dirección sectorial empresarial del Infonavit; mas tiene un burdo formato, pues la documentación “está firmada por White & Case S.A.; no existe ninguna persona moral que firme de esta manera. Normalmente en los despachos legales y en las empresas, quien firma es un socio de la empresa o el representante legal de la empresa”.

Sobre el caso, la ASF descubrió, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la triangulación de dinero entre empresas contratadas por el Infonavit, Telra en esta situación, y la cuenta bancaria del Asesor del Director General del instituto en 2018, antes del arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.

No obstante, las direcciones sectoriales de trabajadores y de empresarios ordenaron a la Dirección General, en octubre de 2023, interponer un amparo, esto pese a los votos en contra del sector gobierno y la oposición del director general; pero por el esquema directivo, dicha orden fue acatada. 

“A la fecha continúan impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF”. Según el argumento, la ASF no tiene competencia para auditar “recursos privados”, pese a que son ahorros de los trabajadores depositados en un fondo público, concretó Romero Oropeza.  

Una lanota por no hacer nada

Al respecto, el director acotó que el la Asamblea General del Infonavit está compuesta por 15 miembros del Poder Ejecutivo Federal, 15 representantes de trabajadores y 15 del sector empresarial; mientras que el Consejo de Administración se integra por 5 representantes del Poder Ejecutivo, 5 de trabajadores y 5 de empresarios; sin embargo, el director del instituto, en este caso, Octavio Romero, no es miembro, por lo que no tiene ni voz ni voto en las determinaciones que dirigen al infonavit. 

En contraste, los integrantes de las direcciones sectoriales de trabajadores y empresariales no tienen funciones sustantivas; es decir, sólo votan, mientras que la carga administrativa corresponde a la Dirección General del Infonavit

Este principio sustenta la primera parte de la reforma al organismo de acceso a la vivienda, pues al ser controlada por estos integrantes, mismos que han mostrado acciones contrarias a la naturaleza del instituto, se han derivado acciones irregulares como las ya enunciadas. 

En este renglón, la reforma propone reducir el número de integrantes de la Asamblea General a 10 por sector (empresarial, laboral y gobierno) para que sólo sean 30; mientras que el Consejo de Administración se conformaría por 12 integrantes (4 de cada sector) y el director general del Infonavit ahora sí dirija las riendas del organismo, con la desaparición de las direcciones sectoriales que no tenían responsabilidades. 

El esquema propuesto por la reforma erradicaría el modelo de cobro por sesión. Explicó Romero, en este punto, que cada integrante recibe entre 60 mil y 90 mil pesos por asistir a una sesión de consejo, comités, asamblea o comisiones.

Agregó que los integrantes de las direcciones sectoriales empresarial y de trabajadores tienen percepciones superiores al sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Éstas ven de los 271 mil 278 pesos mensuales (del director sectorial de trabajadores, y 262 mil 100 pesos (del director sectorial de empresarios), a los 185 mil 124 pesos, para un gerente del sector laboral, y 172 mil 404 pesos mensuales para un gerente del sector empresarial; mientras que el sueldo de la mandataria del país es de 140 mil pesos mensuales. Hecho por el que se propone la extinción de estos órganos, pues, enfatizó el director Octavio Romero, “todo esto se paga con el ahorro de los trabajadores”. 

(Foto: captura de pantalla)