Eric Rosas

A eliminar lastres

En muchos de los países desarrollados las universidades realizan una gran cantidad de investigación científica y de desarrollo tecnológico a partir del financiamiento privado. Es decir, a diferencia de México, en esas naciones del primer mundo no sólo buscan dinero público —de los contribuyentes—, sino también de las compañías para que sus profesores puedan llevar a cabo proyectos de investigación. En nuestro país, en cambio, la investigación que se realiza en las universidades —y prácticamente toda la que se hace en México— es financiada con recursos del erario. Casi la totalidad de los investigadores en México llevan a cabo sus proyectos de investigación y desarrollo con el dinero que pone a su disposición el otrora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

En el caso del extranjero, resulta incluso un requisito para la contratación y permanencia de los profesores en las universidades públicas y privadas, que el investigador cuente con financiamiento de alguna empresa o tenga la capacidad probada para obtenerlo en el corto o mediano plazo. De hecho, el salario del profesor-investigador típicamente termina pagándose, aunque por la universidad receptora, a través de los recursos que el empleado gestiona y atrae para la casa de estudios. Por supuesto, un profesor que es capaz de obtener financiamiento en cantidades considerables también recibe concesiones de tiempo para realizar sus investigaciones, al tener menos horas de cursos que impartir, así como parte de los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual que genera. En el caso de México, lamentablemente en las universidades públicas se desincentiva la realización de investigación con recursos privados por parte de los profesores y, en cambio, se estimula que estos fondos se obtengan de las bolsas del CONACyT.

La diferencia entre obtener un financiamiento público, como el proveniente de alguna agencia gubernamental —el CONACyT en México—, y gestionarlo ante una entidad privada, una empresa, es abismal. Una firma que se anima a entregar parte de su dinero a un profesor universitario lo hace una vez que se ha asegurado, hasta cierto nivel razonable, que el proyecto de investigación está suficientemente orientado; es decir, que culminará en el desarrollo de una tecnología o inclusive de una innovación; misma que entregará a la compañía una ventaja competitiva en su sector y, por ende, más ganancias a partir de la implementación o comercialización de dicha tecnología. Esto implica, claramente, que los investigadores universitarios que se atreven a signar contratos con compañías para poder recibir dinero de éstas, adquieren un compromiso serio e ineludible de producir los entregables pactados.

En el caso de nuestro país, la mayoría de los fondos públicos con los que se financia la investigación científica no estipulan ningún compromiso serio, más allá de la formación de talento especializado en el campo del conocimiento relacionado o la publicación de artículos en revistas del gremio. Aunque la mayoría de las veces las propuestas beneficiadas con el dinero público no se refieren a la realización de conocimiento puramente científico —ciencia básica—, sino que muchos de aquéllos realizan investigación aparentemente aplicada, al final, el hecho de que no haya consecuencias para el investigador ni para la universidad receptores de los recursos, en caso de que no se llegue a resultados concretos, entregables, hace que el dinero recibido bien pueda considerarse como un gasto y no como una inversión del país. Esto sin considerar que, dado que típicamente se establecen como “entregables” la publicación de tesis o de artículos científicos, esta práctica termina por aportar el poco conocimiento generado al Estado de la Técnica, con lo que cualquier entidad en otros países puede aprovecharla para generar negocio.

Ahora que México está por iniciar un nuevo sexenio, sería deseable que las plataformas de ciencia y tecnología de las candidatas punteras consideraran opciones reales para eliminar estas trampas, a fin de fomentar que las empresas inviertan en la investigación científica y el desarrollo tecnológico que urge a México.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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