Leobardo Hernández

“He dado la instrucción a la secretaria de gobernación [Luisa María Alcalde] para que se suban todos los documentos a la página de internet, de gobierno, y se puedan revisar, que se haga todo de manera transparente”, refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a la exposición del caso Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), donde se detectó una irregularidad de 9,500 millones de pesos, que fue investigada en cuanto se dio a conocer.

En la conferencia matutina de este jueves, en Palacio Nacional, Roberto Salcedo, Secretario de la Función Pública, detalló que dicha cantidad de gasto no comprobado hallado por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2019-2020 en Segalmex no implicaba de facto un ilícito; mas, al conocerse la irregularidad, equipos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública y de la Fiscalía General de la república tomaron cartas en el asunto. 

“Uno de los primeros resultados de las investigaciones fue la recuperación de 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. Por este hecho se presentaron las denuncias correspondientes. Desde entonces se han aclarado y recuperado 4,700 millones de pesos, mientras se mantiene en análisis el gasto de 2,100 millones de pesos por parte de instancias fiscalizadoras, mientras que el daño patrimonial se calcula en 2,700 mdp, por el que están en marcha las denuncias penales. Esto como resultado de la recopilación de documentos dispersos en las oficinas de Segalmex del país.

“También fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los expedientes para que éste imponga las sanciones administrativas, por tratarse de faltas administrativas graves. En los años de [20]21, 20[22], [20]23 y [20]24 se ha solventado la totalidad de las observaciones del proceso fiscalizador tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Función Pública”, por lo que el daño patrimonial consignado hasta este momento es de 2,700 millones de pesos, concretó, y reafirmó que la investigación continuará hasta que sean revisadas todas las evidencias para solventar las observaciones que están en proceso y formular las denuncias pertinentes.

Al respecto, Grisel Galeano, procuradora Fiscal de la Federación, enfatizó que “en este gobierno no se tolera la impunidad, y este es un ejemplo claro por el que se presentaron 156 denuncias que comprenden justamente los 2,700 millones [de pesos] comprobados como daño patrimonial”. Éstas corresponden a los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos. 

En este sentido, 47 personas fueron investigadas por estas denuncias, “en 26 casos se vinculó a proceso penal [...] 9 personas de estos 26 son servidores públicos, y 17, particulares”. Señaló que una de ellas está detenida en Argentina y enfrenta un proceso de extradición para responder por sus crímenes en México a fin de año a más tardar. 

En tanto, “las principales personas servidoras públicas ex servidoras públicas responsables de los hechos están en prisión, esto es muy importante aclararlo. Y tenemos entre los principales responsables a René ‘N’, extitular de Administración y Finanzas de Segalmex; a Manuel ‘N’, extitular de la dirección comercial de Segalmex, y a José ‘N’, ex titular del área de operaciones de Diconsa”, concluyó.

(Foto: captura de pantalla)