Eric Rosas

Cada CPI en su sitio

Con la entrada en vigor el pasado 9 de mayo de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), conocida entre la academia como la Ley Buylla, la actual titular del —nuevo— Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT) ha iniciado una gran cantidad de cambios al sistema Nacional de Ciencia y Tecnología pues, a pesar de que dicha pieza legislativa ha sido impugnada por los diputados y senadores de la oposición y la acción de inconstitucionalidad se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y también centenas de académicos de todo el país presentaron alrededor de cuatro decenas de amparos colectivos que poco a poco han sido aceptados y derivaron ya en varias suspensiones provisionales; mientras que la SCJN no la suspenda definitivamente, la directora general del CONAHCyT se encuentra obligada a avanzar en la implementación de la LGHCTI y eso ha hecho. La mayoría de las modificaciones emprendidas han sido cosméticas, como la misma inclusión de una “H” muda en el nombre del anterior Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), pero otros realmente trascendentes —para bien o para mal— para el futuro de la investigación científica, del desarrollo tecnológico y del fomento a la innovación en México.

Uno de estos cambios que podrían afectar sustancialmente la forma en la que nuestra nación atiende el desarrollo tecnológico es el que modifica alanterior Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPIs) del CONACyT. En días pasados dicho conjunto de 26 instituciones dedicadas a distintos campos del conocimiento, tanto en ciencias exactas, como en especialidades ingenieriles y en disciplinas del ámbito social, ha cambiado el estatus que mantuvo durante cerca de medio siglo, para adoptar uno que le brindará un mayor control a las Secretarías de Estado y otras entidades de la Administración Pública Federal (APF).

Entre otros aspectos, este cambio de estatus de los CPIs del CONACyT que ahora integran al nuevo Sistema Nacional de Centros Públicos del CONAHCyT, implica que el Gobierno Federal podrá aumentar su injerencia en la definición de las líneas de investigación que puedan o no llevarse a cabo en estas instalaciones. Por una parte, esto ayudará a optimizar el uso de los recursos públicos destinados al desarrollo de aquellas tecnologías que necesitamos como nación para atender las problemáticas que enfrentamos en ámbitos como el ambiental, energético, alimentario o de seguridad, por ejemplo; pero por la otra, estas mismas limitaciones habrán de coartar la libertad de investigación de aquellos científicos cuyas líneas de trabajo queden fuera de los intereses de la APF en funciones.

Esta contrariedad, que podría alcanzar a evidenciarse en varios de los CPIs si la SCJN no resolviera pronto respecto de la nulidad de la LGHCTI, radica en una falta de definición clara y pragmática entre la investigación científica básica y orientada. La primera debe contar con una total libertad para que los científicos, motivados sólo por la curiosidad, indaguen acerca de los fenómenos naturales para brindar nuevas explicaciones a los cuestionamientosfundamentales que tenemos como humanidad; mientras que la segunda está obligada a hacer uso de todos los recursos del Estado para que los tecnólogos desarrollen soluciones oportunas a los retos concretos que nos presentan las distintas problemáticas que nos aquejan. Quizá estos meses de prueba permitan encontrar una mejor división entre enfoques y actividades de los CPIs, que les ayude encontrar su sitio óptimo en la APF.

Lo anterior, dicho sin aberraciones.

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