Martha Romero
Establecer la negación de justicia por razones de género como delito en el Código Penal del Estado de México, además de proponer penas de cuatro a 10 años de prisión, de cien a ciento cincuenta días multa y destitución e inhabilitación del cargo para los servidores públicos que incurran en omisiones o negligencias durante las investigaciones, es la iniciativa de ley Mariana Lima Buendía que la activista Irinea Buendía Cortés entregó al Congreso Mexiquense.
En el marco de los 15 años del feminicidio de Mariana Lima Buendía, la activista colocó frente al Congreso del Estado de México una ofrenda y un memorial en memoria de su hija y todas las víctimas de feminicidio del país, además de entregar a la diputada Jennifer Nathalie González López, presidenta de la comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social la propuesta, primera en su tipo a nivel nacional y en América Latina, para buscar dar cumplimiento a la histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permitió reabrir el caso de Mariana Lima Buendía como feminicidio tras haber sido archivado como suicidio.
Desde 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera la sentencia Mariana Lima Buendía y hasta la fecha, en México se han acumulado 34 mil 715 feminicidios, es decir, se cometen en promedio 10 crímenes diariamente, derivado de la lentitud de la justicia y una situación que se debe superar.
La propuesta también contempla reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, sobre las atribuciones que le corresponden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para investigar con perspectiva de género y debida diligencia, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, bajo el protocolo del feminicidio, incluidos los suicidios, accidentes y cualquier forma de muerte violenta de mujeres.
En este contexto, Irinea Buendía recordó que hace 15 años fue asesinada en Chimalhuacán su hija Mariana Lima y desde entonces han pasado más de 5 mil 475 días, por lo que no ha descansado uno sólo para que se haga justicia, sin embargo, durante estos años de lucha experimentó en carne propia la negación a la justicia por ser mujeres y vivir en entornos sociales donde la violencia contra las mujeres se encuentra normalizada y naturalizada.
Añadió que le tocó caminar 13 años para lograr una sentencia condenatoria de 70 años para el sujeto asesino-feminicida, que era esposo de su hija y un polícia judicial, aunque tiene ocho años para interponer un amparo, por lo que en caso de encontrar tierra fértil, puede obtener su libertad.
Aseveró que se le negó la justicia porque en México la impunidad es la norma y la justicia un privilegio para unos cuantos, lo que generó discriminación, violencia, desigualdad y revictimización, además de normalizar la violencia e incentivar a los feminicidas a seguir acabando con la vida de otras mujeres, por lo que las autoridades responsables de esta negación de justicia deben rendir cuenta de sus actos y omisiones, y enfrentar la ley.
Por su parte, la diputada Jennifer Nathalie González López, presidenta de la comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, se comprometió a presentar esta iniciativa con el fin de que llegue a las respectivas comisiones y sea una propuesta sea ley.
"Hoy tenemos una presidenta de la república y una gobernadora del Estado de México que han mostrado sensibilidad y compromiso frente a la violencia de género. No podemos permitir que sigan existiendo barreras institucionales que nieguen la justicia a las mujeres. Por eso, uno solo de estos casos es suficiente para levantar la voz", concluyó.
Categoría: Derechos Humanos |
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