Martha Romero 

De 2016 a 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha emitido 155 Recomendaciones particulares y 15 Generales a diversas autoridades. 

Entre ellas destaca como acción relevante la emisión de la Recomendación General 1/2018, la primera y única en su tipo en el país, concebida como un documento didáctico y pedagógico, que sirve como guía para realizar acciones a corto, mediano y largo plazo en materia de violencia de género y violencia feminicida.

Mientras que para el inicio de la administración 2025-2029, se habían publicado dos Recomendaciones Generales y 16 particulares, dirigidas a municipios como La Paz, Capulhuac, Tlalnepantla, Xalatlaco, Ecatepec, Chapa de Mota y Huixquilucan, así como a algunas dependencias, entre ellas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), el Colegio de Notarios de la entidad, al Instituto de Salud (ISEM), al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), así como los sistemas DIF Estado de México y DIF municipal de Chapa de Mota, entre otras.

De acuerdo con el organismo defensor, tras dar trámite a la queja de una persona por una posible vulneración a derechos humanos e investigar los hechos de la misma, puede emitir recomendaciones tanto generales como particulares, dirigidas a autoridades estatales o municipales en el ejercicio de sus funciones. 

Una recomendación es una resolución derivada de una investigación en la que se acreditan violaciones a derechos humanos, asentada en un documento en el cual se describen los hechos de un caso, las evidencias reunidas en las diligencias realizadas, así como el análisis y las ponderaciones de los porqués de las vulneraciones contra una o más víctimas. 

El organismo defensor incluye puntos recomendatorios específicos como medidas con fines de "reparación", "satisfacción" y "no repetición" para hacer prevalecer los derechos fundamentales de las personas, o dicta medidas cautelares de protección.

Si bien las recomendaciones no son vinculantes, sí son un instrumento público que permite señalar abusos o irregularidades de representantes del Estado y generar alternativas para erradicar conductas dañinas, colocando al centro a las personas y su dignidad, con enfoque de respeto a los derechos humanos en igualdad.