Osvaldo García
“Los poderes judiciales son uno de los grandes pendientes del país”, expresó el abogado Paulo Díez Gargari al darse a conocer decisión del juez Daniel Ramírez Peña de no vincular a proceso los siete inculpados por el caso Aleatica, antes OHL, que entre directivos y consejeros de la empresa española, están los exfuncionarios del Estado de México durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno, y Luis Gilberto Limón, exsecretario de Comunicaciones.
“La corrupta Aleatica ha perdido la guerra ganando una batalla”, escribió en su cuanta de ‘X’ el abogado, pues en esta determinación, el juez sí reconoce que el Viaducto Bicentenario es un bien de la nación y ha sido explotado sin concesión federal.
Con ello, sería suficiente para vincular a proceso a los inculpados; sin embargo, el juez Ramírez Peña consideró que las 110 pruebas no eran suficientes para responsabilizar a los acusados y no sólo no vinculó, sino que dictó sobreseimiento de la causa penal, lo que significa que suspende el proceso por falta de causas que justifiquen el actuar de la justicia.
Aunque los imputados puedan seguir gozando de su libertad al no ser vinculados a proceso, con la resolución de reconocimiento de la ilegalidad de la explotación del Circuito, se abre una nueva brecha para recuperar esta vía federal, de la cual se han saqueado 8 mil millones de pesos en los quince años que lleva operando.
Cabe apuntar, que los acusados violaron la ley al hacer una “convalidación” de una concesión a título del Gobierno del Estado de México para la explotación del Viaducto Bicentenario, lo cual es anticonstitucional, pues de un bien federal no puede dar permiso un estado.
La determinación del Viaducto Bicentenario como un bien federal fue dictado por un juez federal de amparo y un tribunal federal “en un juicio en el que fueron parte tanto Aleatica como el Gobierno del Estado de México”, explicó el abogado Paulo Díez Gargari, y al ser un bien nacional, no puede ser explotado sin una concesión también federal.
Ya reconocido lo anterior por el juez, se iniciará una nueva batalla legal para librar de la concesión ilegal al Circuito y devolverlo a la nación.
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