Miguel García Conejo 

Representantes de la Alianza para la Educación Superior, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares y Confederación Nacional de Escuelas Particulares dieron a conocer que tras la aprobación y entrada en vigor de la norma oficial 237 que implica nuevas regulaciones y certificaciones para instituciones de educación privada, se advierte una andanada de amparos en contra de la norma.  

De acuerdo Rogelio Varela, representante de la Asociación de Nacional de Escuelas privadas solo en el Estado de México se prevé presentar amparos por 2 mil 700 instituciones educativas, y es que dice pone en riesgo de cierre al menos a 18 mil instituciones de educación particular en el país.   

Explica que la nueva disposición incluye la obligatoriedad de otorgar hasta tres meses de tolerancia para el pago de colegiaturas atrasadas a los padres de familia que lo soliciten, regular cuando, cuánto y cómo se pueden cambiar las colegiaturas dentro de las empresas, además de una serie de certificaciones que realizarían no las autoridades si no empresas particulares.  

Con ello reprocha se busca privilegiar a terceros, para la realización de una serie de trámites que traerían costos económicos a las instituciones privadas ya afectadas por la disminución de la matrícula derivado de la pandemia.  

“Quién está en el frente de la decisión están buscando el bienestar de algunas empresas calificadoras y certificadoras que fueron quienes acudieron a las mesas de trabajo, porque a pesar de nuestras argumentaciones siempre apoyaron la creación de la norma pese a su carácter inconstitucional que pretende vulnerar la competitividad de las empresas”, expresó.   

Lamentó  que pese a las mesas de trabajo y argumentos que se han planteado en contra de la norma ninguna autoridad le ha dado eco a sus posicionamientos. 

Advirtió que entre  los efectos que se prevén están la pérdida de más de 99 mil puestos de trabajado,  18 mil unidades económicas cerradas  y pérdidas en recaudación por más de  dos mil 500 millones de pesos en el pago de sus impuestos y permisos.   

(Foto: archivo)