Leobardo Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó la postura de no perseguir a los expresidentes con fines políticos, sin embargo confirmó que hay investigaciones en curso pues “se envió a la fiscalía el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos, baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas y estamos hablando de miles de millones de pesos. Por eso se envió, va a ser la fiscalía la que va a resolver”, respecto a Felipe Calderón.

Aseguró el mandatario que el gobierno ha podido negociar con los operadores de las cárceles favorecidos por Felipe Calderón, con lo que se logró una reducción del costo al gobierno en 15%, sin embargo aún así el costo para el estado supera los 200 mil millones de pesos. 

Las indagatorias sobre estas asignaciones directas, es decir, sin proceso de licitación, que representan uno de los más grandes fraudes en la historia de México, concedidas por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, involucran a Ernesto Cordero, quien fuera secretario de hacienda en ese periodo y a Genaro García Luna, secretario de seguridad conocido entonces como el “súper policía” y que hoy está preso en Nueva York por lavado de dinero y narcotráfico.

Finalmente, declaró que no hay persecución política para nadie y las investigaciones sobre corrupción donde puedan estar implicados personajes políticos de sexenios pasados, incluidos ex presidentes, buscan justicia.

Sobre esta base sostuvo que “es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron, imagínense que pasen a sentirse perseguidos”.

(Foto: presidencia)