Miguel García Conejo 

Debido a la ola de delincuencia que se ha instalado en el municipio de Metepec, empresarios de distintos sectores respaldaron la propuesta de la alcaldesa Gabriela Gamboa para que se instale el cuartel de la Guardia Nacional en el parque “San José La Pilita”.  

En conferencia de prensa liderada por Gilberto Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), se coincidió en que Infonavit San Francisco, La Pila, la unidad habitacional Andrés Molina Enríquez, Izcalli Cuauhtémoc, Las Marinas y San Jerónimo Chicahualco son focos rojos de la delincuencia. 

En ese sentido, el líder empresarial calificó como urgente la inmediata operación de fuerzas federales frente a una incidencia delictiva al alza y generalizada en toda la demarcación. 

Asimismo, declaró que no creen necesario un ejercicio de consulta ante la oposición de los vecinos para definir la viabilidad del proyecto, al sostener que deben ser los especialistas, y no las familias, quienes deben tomar esta determinación. 

“Creemos que quien tendría que definir qué es lo que se hace en el país son las personas especializadas; me parece que ningún ciudadano de pie podemos estar mejor preparados para decidir temas de seguridad”, señaló. 

Puntualizó es la Sedena quien ha solicitado este espacio, sólo una hectárea de las 10 que lo integran, además de que se comprometió a la rehabilitación y reforestación del resto del parque. 

“Estamos exigiendo como empresarios que se cumpla el proyecto de las 10 hectáreas, se va a afectar una, la cual en su distribución interna está establecida en donde no existe un área importante arboleda, no se afectarán las instalaciones deportivas”, añadió Pablo Duran Gallástegui, empresario local. 

La zona para este nuevo cuartel federal, dijeron, es la óptima ante la inseguridad que registran las colonias que circundan el parque; sostuvieron que datos oficiales exponen que concentran delitos patrimoniales contra la salud, robo con violencia, de vehículos, a transeúnte, a comercio, a autotransporte; violaciones, violencia intrafamiliar, y hasta homicidios, con ello avalaron que se inicie el procedimiento para desincorporar el predio ante la Legislatura local.