Leonor Sánchez

La representante de las comunidades indígenas de Toluca, María Ana González Ermitaño, demanda adecuaciones del Congreso mexiquense al marco legal para normar facultades de la representación municipal y se establezcan recursos para su funcionalidad.

A casi un mes de que concluya su periodo como representante de las 51 comunidades de los pueblos originarios de Toluca, González Ermitaño levantó la voz para señalar la discriminación de que fue objeto durante su periodo, concurrente con la administración que inicialmente encabezó Raymundo Martínez Carbajal.

Desde la primera sesión del Cabildo, fue relegada al espacio compartido entre invitados, periodistas y asesores, sin tener voz para exponer los problemas apremiantes de sus representados.

“Fui oprimida, pero jamás reproduciré esa opresión con mis hermanas y hermanos”.

María Ana González Ermitaño dijo que su camino es una lección para quienes aspiran a representar los pueblos indígenas, “no sólo lo he padecido yo, lo han padecido otros representantes de municipios vecinos, quienes también lo manifestaron en el Encuentro de Comunidades comunitarias”.

Por ello, la representante indígena, llamó a las autoridades para que actúen y garanticen el derecho de la representación indígena en los municipios, pues, dijo, éste es un derecho constitucional y, como tal, debe ser protegido.

En ese sentido, pidió igualdad con aquellos representantes de elección popular quienes arriban a su encargo respaldados por partidos políticos

“El municipio de Toluca puede ser vanguardia para dignificar los pueblos originarios que habitan la capital y hacer realidad los derechos indígenas”.

María Ana González Ermitaño, denunció al pleno del Cabildo que fue víctima de violencia verbal, difamación y daño moral el fin de semana en que se llevó a cabo la consulta previa a la elección de representante indígena.

Fue acusada de actos de corrupción y defraudación por miles de pesos en San Pablo Autopan, situación que señaló como injusta, pues durante los tres años de su encargo como representante de los pueblos originarios nunca manejó recursos públicos.

Ser representante, observó, “fue una experiencia difícil, desde las propias comunidades que cuestionaron mi trabajo sin considerar las condiciones en las que inicié mi encargo como la primera mujer indígena”.

En ese sentido, expuso ser una representante indígena sin apoyo material ni humano, a diferencia del cuerpo edilicio, quien tiene como apoyo los partidos políticos, cuentan con recursos materiales, una oficina y personal de apoyo.

En su caso, dijo, fue “una representante indígena que no tenía espacio en la mesa de cabildo, mucho menos voz para exponer las necesidades de las comunidades a las que represento. Una representante indígena que tuvo que demandar ante tribunales para hacer efectiva su presentación y que, cuando la sentencia fue a favor, fue presa del abuso de confianza aprovechándose de ella y de su desconocimiento”

Incluso, dijo, fue señalada como frívola y caprichosa.

(Foto: redes)