Martha Romero 

Para favorecer el acceso a una vivienda digna de personas servidoras públicas que desempeñan funciones esenciales, particularmente en los sectores de salud y seguridad pública, la diputada Jennifer Nathalie González López, integrante de la bancada de Morena, propuso que se les considere población prioritaria para ejercer este derecho.

Indicó que la iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda del Estado de México señala que se requiere un tratamiento diferenciado en esta materia para estos sectores, no solo por condiciones sociales, sino por la naturaleza estratégica de las funciones que desempeñan.

Precisó que el documento define a la población prioritaria como aquellas personas o grupos que, por sus condiciones sociales, económicas o territoriales, o por la naturaleza de las funciones que desempeñan en el servicio público, podrán ser sujetos de atención preferente en el acceso a programas, apoyos o acciones en materia de vivienda.

Resaltó que su propuesta considera en este supuesto a las personas servidoras públicas que desempeñan funciones esenciales, especialmente en los sectores antes descritos, conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y disponibilidad presupuestaria, así como a los lineamientos, reglas de operación y disposiciones programáticas que emitan las autoridades competentes.

González López subrayó que el proyecto plantea incluir, entre los principios y lineamientos de la Política Estatal de Vivienda, además de prever y establecer mecanismos que permitan garantizar la atención preferente a la población en situación de pobreza, marginación, vulnerabilidad o riesgo, criterios de atención prioritaria para personas o grupos que, por la naturaleza de las funciones que desempeñan en el servicio público, particularmente en los sectores de salud y seguridad pública, puedan ser sujetos de dicha atención.

Añadió que sobre el Programa Estatal de Vivienda, el documento pretende que se incorporen en su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, así como en la definición de metas, indicadores y mecanismos de evaluación, estos criterios de atención prioritaria, en congruencia con el Sistema Estatal de Planeación Democrática y conforme a los mismos principios descritos en el párrafo anterior.

Respecto a los programas de vivienda social, mencionó que busca que se incluyan en su operación criterios de atención prioritaria en los mismos términos, entre ellos, su aplicación en la determinación de criterios de elegibilidad y priorización de personas beneficiarias, conforme a reglas de operación, lineamientos y disposiciones administrativas aplicables, bajo criterios objetivos, transparentes y verificables, y con base en los mismos principios.

Explicó que la iniciativa parte de una realidad social evidente donde médicos, enfermeras, paramédicos, policías y elementos de seguridad enfrentan dificultades reales para acceder a este derecho, ello a pesar de desempeñar funciones fundamentales para la protección de la vida, la salud y la seguridad social, lo que no solo afecta su calidad de vida, sino también su desempeño.

Refirió que la legislación estatal carece de criterios de priorización funcional que permitan orientar la política habitacional no solo en función de condiciones socioeconómicas, sino también en atención a la naturaleza estratégica de determinadas funciones públicas.

Por último, dijo, es necesario fortalecer el marco jurídico mediante la incorporación de criterios de atención prioritaria que, sin generar derechos subjetivos exigibles ni comprometer la sostenibilidad financiera, permitan orientar estas políticas hacia sectores cuya función resulta esencial para el funcionamiento de las instituciones públicas y la prestación de servicios a la población.

(Foto: Especial Portal)