Martha Romero 

Reducir los tiempos de revisión y evitar que las auditorías se prolonguen por trámites administrativos son algunos objetivos de la reforma a la Ley de Fiscalización del Estado de México que prepara el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM).

Liliana Dávalos Ham, auditora superior, explicó que la propuesta contempla modificar los periodos de entrega y revisión de documentos, así como incorporar expedientes electrónicos con validez jurídica para agilizar los procesos de fiscalización.

Refirió que entre los cambios planteados está evitar que los procedimientos deban esperar hasta 120 días cuando una entidad fiscalizada no entrega información, con el propósito de que las revisiones puedan avanzar sin demoras innecesarias.

Expuso que también considera ampliar los tiempos para atender observaciones y revisar expedientes, ya que actualmente algunas entidades cuentan con cinco días para responder, mientras que el personal auditor dispone de alrededor de 10 días para analizar documentación que puede abarcar decenas de tomos.

Por ello, dijo, el OSFEM propondrá establecer plazos de 10 días para determinadas entregas de información y de 15 días para las revisiones a cargo de los auditores, además de ajustar los periodos para presentar informes preliminares, finales y de seguimiento.

Indicó que otro de los objetivos es homologar los calendarios de trabajo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a que ambas instituciones colaboran en tareas de fiscalización, pero operan con plazos diferentes.

Dávalos Ham añadió que en el tema de la digitalización propondrá que la ley reconozca la firma electrónica y los expedientes digitales, lo que permitiría reducir el uso de papel y facilitar el intercambio de información entre las áreas técnicas, jurídicas y de investigación.

Explicó que algunas auditorías generan entre 18 y 40 tomos de documentos, por lo que contar con expedientes electrónicos facilitaría su consulta y daría mayor certeza sobre la información entregada por las entidades fiscalizadas.

También, dijo, se contempla la necesidad de disponer de más tiempo para realizar las revisiones, pues mientras las mejores prácticas internacionales contemplan alrededor de seis meses para una auditoría gubernamental, en el Estado de México el periodo operativo puede reducirse a cerca de tres meses después de recibir la Cuenta Pública de cada año. 

Por último, precisó que la iniciativa aún no es presentada ante el Congreso Mexiquense, por lo que su contenido definitivo dependerá de la propuesta que entregue el organismo y de los ajustes que se realicen durante su discusión.

(Foto: Especial Portal)