Martha Romero 

El desconocimiento del paradero de una persona debe activar de inmediato las labores de búsqueda e investigación, sin que las autoridades esperen a que existan indicios de un delito, destacó Alma Patricia Bernal Oceguera, especialista en desaparición de personas y exencargada del Despacho de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM).

Explicó que la búsqueda tiene un principio humanitario, pues detrás de cada expediente existe una historia de vida y una familia que enfrenta incertidumbre y un profundo sufrimiento, por lo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno debe traducirse en acciones oportunas y efectivas.

Señaló que la consolidación de las comisiones locales de búsqueda responde a estándares internacionales y al marco jurídico nacional, que establecen la búsqueda como una obligación del Estado.

Resaltó que detrás de cada expediente existe una historia de vida, por lo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno debe traducirse en acciones oportunas y efectivas para localizar a las personas y atender a sus familias.

Bernal Ocegueda detalló que herramientas como el Protocolo Homologado de Búsqueda, la Alerta Amber y el Programa ODISEA permiten coordinar la actuación de las autoridades; sin embargo, advirtió que no existe una fórmula única para todos los casos.

Explicó que cada búsqueda debe diseñarse de acuerdo con las características de la persona, su contexto y los factores de riesgo, particularmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, personas mayores o personas neurodivergentes que requieren apoyos específicos.

En este sentido, destacó como un avance de la legislación mexiquense la eliminación de la categoría de “persona no localizada”, pues permite que cualquier reporte sobre el desconocimiento de la ubicación o paradero de una persona debe generar obligaciones inmediatas de búsqueda e investigación.

Por último, aclaró además que no toda desaparición es una desaparición forzada, pues este delito ocurre cuando una persona servidora pública, o un particular que actúa con su autorización o apoyo, priva de la libertad a alguien y posteriormente oculta o niega esa privación, o se niega a proporcionar información sobre su suerte, destino o paradero.

(Foto: Especial Portal)