Martha Romero 

Debido a la cascada de permisos y cambios de uso de suelo que los ayuntamientos otorgan a inmobiliarias, miles de viviendas son construidas en áreas verdes y zonas donde hay escasez de agua, lo que conlleva a que la densidad de población sea un problema grave, advirtió el diputado Max Agustín Correa Hernández, presidente de la comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso mexiquense. 

Añadió que un caso que ha prendido los focos rojos es el aval que otorgó el actual gobierno de Naucalpan, que preside la alcaldesa Angélica Moya Marín, a la empresa Fortem Capital para construir en El Cerrito, una de las últimas áreas verdes que existen en el fraccionamiento Lomas Verdes. 

Explicó que en este espacio se pretende construir el desarrollo inmobiliario Terralago, el cual consta de tres torres con más de mil viviendas, centros comerciales y servicios en más de 358 mil metros cuadrados.

Por ello, dijo, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y ambientalistas del Consejo de Cuenca de Presa Madín dieron a conocer a habitantes de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán los resultados del Estudio de Toxicidad del Agua de este cuerpo de agua, que señala que las descargas que realizan los fraccionamientos y colonias, aunado a que no funcionan las plantas tratadoras de agua, provocan altas concentraciones de contaminantes, lo que resulta en la toxicidad del líquido que abastece a parte de los vecinos de los citados municipios. 

Correa Hernández llamó a la sociedad civil y las autoridades del Gobierno del Estado de México para que pongan por delante los Derechos de la Naturaleza para denunciar y no permitir desarrollos habitacionales que destruyen la biodiversidad que aún existe en las zonas verdes y reserva ecológica del Valle de México.

Explicó que para proteger el medio ambiente ya hay reformas a la Constitución del Estado de México que reconocen a la naturaleza, la biodiversidad y las especies endémicas como sujetos de derechos para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano. 

Por último, agregó que estas reformas constitucionales fueron parte esencial de los argumentos del amparo que promovieron ciudadanos de Naucalpan y Atizapán para que un juez federal suspendiera de manera temporal la construcción del desarrollo Terralago.

Fue el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México el que determinó la suspensión provisional para la construcción de mil 533 viviendas en el citado lugar, luego de que un grupo de vecinos interpusieran un amparo argumentando la falta de agua, la saturación vial y el impacto negativo en una reserva ecológica que afecta directamente su calidad de vida y que la constructora no tomó en consideración cuando inició la obra.

Esta suspensión responde a la necesidad de evaluar el impacto ambiental y la disponibilidad de recursos en la zona antes de continuar con el proyecto, además de asegurar que cualquier desarrollo urbano en Lomas Verdes considere y mitigue los impactos negativos en la comunidad y el entorno natural.

(Foto: Especial Portal)