Martha Romero 

Las condiciones contractuales de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Público-Privadas (APP) dificultan que el gobierno del Estado de México pueda cancelar o modificar anticipadamente estos acuerdos sin enfrentar obstáculos jurídicos y financieros, reconoció el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez.

Señaló que los contratos contienen disposiciones que colocan a la entidad en desventaja, incluso calificadas como “cláusulas exorbitantes”, por lo que una rescisión o terminación anticipada resulta inviable bajo las condiciones actuales.

Añadió que la Consejería Jurídica encabeza la revisión de los acuerdos y las gestiones para encontrar alternativas que permitan negociar con las empresas involucradas, con el fin de alcanzar condiciones jurídicamente viables y financieramente convenientes para el estado, sin comprometer el interés público.

En cuanto a los compromisos económicos, informó que, al 30 de junio, el saldo de inversión pendiente de amortizar de estos proyectos ascendía a cerca de 5 mil 800 millones de pesos. 

Flores Jiménez indicó que a ello se suma un presupuesto anual de alrededor de 6 mil millones de pesos, destinado tanto a amortizar las inversiones como a cubrir los servicios correspondientes.

Explicó que los contratos concluirán de manera escalonada y una vez finalizada su vigencia, los activos correspondientes pasarán al patrimonio estatal.

Afirmó que la administración mexiquense no contempla la contratación de nuevos proyectos bajo los esquemas PPS y APP, por lo que por ningún motivo se van a permitir contratar nuevos proyectos bajo esos esquemas.

Para concluir, reiteró que mientras continúan las negociaciones, el gobierno estatal busca una solución que permita atender las obligaciones contractuales vigentes y proteger las finanzas públicas, ante las dificultades que implicaría una terminación anticipada de los acuerdos.

(Foto: Martha Romero)