Martha Romero 

Habitantes del barrio El Cajón, perteneciente a la comunidad de San Pablo Autopan, del municipio de Toluca, marcharon este miércoles hasta Palacio de Gobierno para exigir a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez la reapertura del pozo clausurado durante el Operativo Caudal, implementado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contra el llamado "huachicol del agua".

Los inconformes señalaron que la clausura dejó sin suministro de agua a cerca de 3 mil familias, además de escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y bachillerato que dependen del pozo para su funcionamiento, por lo que se han visto en la necesidad de comprar pipas, cuyo costo pasó de mil 200 pesos a entregar mil 800 y dos mil pesos por carga.

Indicaron que un sistema autónomo de abasto local ha intentado apoyar a la comunidad de manera gratuita, pero no podrá sostener la demanda por mucho tiempo.

Recordaron que San Pablo Autopan es una comunidad indígena con autonomía reconocida, por lo que consideraron un agravio que el gobierno haya clausurado su fuente de abastecimiento sin ofrecer alternativas, pues incluso pueden vivir sin luz o sin comida, pero sin agua no, por lo que necesitan el pozo para los niños y adultos mayores.

Advirtieron que si no obtienen una respuesta pronta, la movilización podría ampliarse con el respaldo de otras comunidades afectadas por dicho operativo en el valle de Toluca.

"No estamos en contra de que se regule el uso del agua, pero no se puede cerrar un pozo sin garantizar el suministro. Nos dejan el problema a nosotros, mientras las autoridades trabajan sólo de lunes a viernes", comentaron.

Finalmente, los afectados coincidieron en señalar que la crisis del agua no sólo afecta el consumo doméstico, sino también la higiene en escuelas y hogares, por lo que de continuar con la escasez, podrían presentarse problemas de salud pública.

(Foto: cortesía)