Martha Romero 

Juan Carlos Ramírez Michaca, lleva 21 años en prisión, luego de ser detenido en 2005, cuando tenía 19 años, acusado de homicidio. Él y sus defensores sostienen que fue condenado por delitos que no cometió. 

Actualmente permanece en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Otumba, mientras se solicita al Poder Judicial del Estado de México que valore la procedencia de la amnistía, petición respaldada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

El análisis del caso identificó presuntas irregularidades relacionadas con la legalidad de su detención, deficiencias en su defensa y omisiones en la investigación de indicios de posibles actos de tortura, aspectos que podrían haber afectado el desarrollo del proceso penal y el esclarecimiento de los hechos.

Entre los señalamientos se encuentra que el derecho a una defensa adecuada no se limita a contar con un abogado, sino que requiere una intervención profesional capaz de identificar irregularidades, cuestionar actuaciones y recurrir a los mecanismos legales disponibles.

También advirtió la falta de una investigación oportuna, imparcial y efectiva de los indicios de tortura, omisiones que tienen implicaciones para el acceso a la justicia y la determinación de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, pero la existencia de indicios no determina por sí misma responsabilidades penales.

El caso ha llegado a instancias internacionales. La Unidad de Graves Violaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha acompañado a familiares y abogadas particulares de Juan Carlos “N” en reuniones de seguimiento.

Además, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas inició una investigación relacionada con el caso.

Por otra parte, Juan Carlos “N”, acompañado de sus abogadas particulares y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), presentó un recurso ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

En una respuesta dirigida al Gobierno de México, la relatora expresó su preocupación por las condiciones y el contexto del caso y solicitó información sobre las investigaciones iniciadas.

La revisión también consideró las posibles desventajas que enfrentan las personas ante el sistema de justicia por factores como desigualdad y estigmatización, condiciones que pueden limitar el ejercicio efectivo de sus derechos.

Si bien el organismo presentó ante el Poder Judicial los elementos que respaldan su petición, la resolución sobre la procedencia de la amnistía corresponde a las autoridades judiciales.