Martha Romero 

Con 14 mil 648 personas desaparecidas y no localizadas, el Estado de México ocupa el primer lugar nacional, de acuerdo con el informe Red Lupa 2026, por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para reconocer, fortalecer y proteger la participación de las personas buscadoras en la entidad.

El documento señala que, según datos de Amnistía Internacional, desde 2019 más de 25 mil madres en México han emprendido la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos, además de que entre febrero de 2011 y mayo de 2025, al menos 30 familiares y personas cercanas a las víctimas fueron asesinadas, así como casos de amenazas, extorsiones, agresiones y desplazamiento forzado.

Mientras que a nivel nacional, el informe Red Lupa 2026, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, reportó 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas al 16 de mayo de este año, cifra a la que se sumaron otros 791 registros durante el mes siguiente.

Ante estas cifras, la propuesta busca incorporar en la legislación estatal una definición de persona buscadora que incluya a quienes realizan actividades de búsqueda, localización e identificación, tanto de manera individual como colectiva, ya sea por vínculos familiares o afectivos con las víctimas o por razones humanitarias y de solidaridad.

Entre los principales cambios plantea que el Mecanismo Estatal de Búsqueda establezca vías de coordinación y vinculación con las personas buscadoras y colectivos, para incorporar sus experiencias y propuestas en el diseño, ejecución y seguimiento de las acciones institucionales.

También propone que la Comisión de Búsqueda de Personas elabore y mantenga actualizado un Catálogo Estatal de Personas Buscadoras, con el propósito de identificar a quienes desarrollan estas actividades y facilitar su comunicación con las autoridades.

Otro de los planteamientos consiste en ampliar la integración del Consejo Estatal para incluir representación de personas buscadoras, de manera que puedan participar directamente en las decisiones y en el seguimiento de las políticas públicas relacionadas con la desaparición de personas.

Asimismo, la iniciativa contempla establecer mecanismos para que familiares y colectivos puedan acceder a recursos del Fondo Estatal de Desaparición y adquirir equipo, herramientas e insumos necesarios para sus jornadas de búsqueda, conforme a los requisitos que determine la Comisión de Búsqueda.

En materia de procuración de justicia, propone crear un mecanismo de vinculación con la Fiscalía Especializada para que las personas buscadoras puedan participar como observadoras ciudadanas en diligencias relacionadas con la localización e identificación de personas desaparecidas.

La intención es aprovechar el conocimiento que han adquirido sobre los contextos de desaparición y las circunstancias de los casos, sin que su intervención sustituya las facultades ni las responsabilidades de las autoridades ministeriales y periciales.

La propuesta también contempla modificar la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, a fin de incluir expresamente a las personas buscadoras dentro de la definición de defensoras de derechos humanos y facilitar su acceso a medidas de prevención, protección y atención urgente.

Con estas modificaciones, el PVEM busca que las personas buscadoras tengan reconocimiento jurídico, participación en las decisiones institucionales y condiciones de mayor seguridad para continuar con las labores de localización de sus familiares y de otras personas desaparecidas.