Martha Romero 

Organizaciones de la sociedad civil y padres de familia manifestaron su oposición a diversas iniciativas que se buscan aprobar en el Congreso del Estado de México, entre ellas, la aprobación de las leyes secundarias de la despenalización del aborto, mismas que podrían votarse en el marco del primer aniversario de su aprobación en la entidad, así como ampliar la educación sexual en escuelas.

Rodrigo Iván Cortés Jiménez, presidente del Frente Nacional por la Familia, expuso que la preocupación surge después de que hicieran un análisis comparativo del 'Megalodón Legislativo' que los legisladores locales pretenden imponer a través de reformas a la Ley de Educación, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Administrativo y el Código Civil, todos del Estado de México.

Añadió que con dichas reformas desaparecerían los derechos elementales de los mexiquenses a través de lo que denominó “leyes veneno”, ya que introducirían contenidos de ideología de género y sexualidad temprana en la educación, además de que vulnerarían la libertad de los médicos para actuar según sus principios éticos y religiosos.

Refirió que tal es el caso de los contenidos obligatorios de educación sexual integral y reproductiva desde la infancia, con énfasis en el consentimiento sexual y la planificación familiar desde etapas tempranas, así como el acceso directo de niñas, niños y adolescentes a métodos anticonceptivos y servicios de aborto sin una regulación clara sobre el rol de los padres o tutores.

“Están matando el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores. Esta 'ley veneno' impone una ideología que confunde a los menores y elimina la figura del hogar como primer educador. No estamos en contra de la educación sexual, al contrario, estamos en desacuerdo de una visión sesgada que promueve la sexualización temprana y normaliza la ideología de género sin consulta de padres de familia ni diálogo expertos en el tema”, señaló.

En lo que respecta a la objeción de conciencia, Cortés Jiménez advirtió que el nuevo artículo del Código Administrativo aparenta reconocer este derecho, pero en realidad lo anula al imponer cinco excepciones: riesgo vital, dolor, distancia, falta de personal o discriminación, dejando sin margen de actuación a los profesionales de salud que se oponen al aborto por razones éticas, religiosas o filosóficas.

Refirió que, de acuerdo con el Estudio de Políticas Públicas, basados en Evidencia

Científica de Melisa Institute, el Estado de México se encuentra dentro de los primeros siete estados donde ocurren más muertes maternas, pues en promedio mueren 48.9 mujeres por cada 100 mil bebés nacidos vivos.

Con estos datos, dijo, se demuestra que el sistema de salud del Estado de México no tiene la infraestructura necesaria ni el personal capacitado para proporcionar lo esencial a cientos de miles de mujeres que requieren servicios básicos de salud; por lo que tampoco podrá atender a las mujeres que quieran cometer un aborto.

Por último, llamó a los legisladores para que esta serie de iniciativas sean eliminadas en su totalidad, pues no pueden permitir que se promueva la muerte, que les quiten el derecho de educar y conocer la salud integral de los hijos, y que al personal médico se le impida ejercer su libertad de conciencia.

(Foto: Especial Portal)