Martha Romero 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió otra recomendación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), derivado de la queja interpuesta por la madre de una adolescente de 17 años de edad, quien fue víctima de desaparición y feminicidio en febrero de 2016. La recomendación 06/2024 señala que la autoridad fue responsable de vulnerar los derechos humanos de la víctima, la debida diligencia en el contexto de violencia de género y desaparición de personas cometidas por particulares y, como derecho relacionado el acceso a la justicia y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La queja fue acompañada por el colectivo Alerta Temprana Red y entregada a la Codhem el 9 de diciembre de 2021, señala que el 21 de febrero del año 2016, la víctima salió de su domicilio en el municipio de San Vicente Chicoloapan para visitar a su novio de 22 años y llevar un regalo, sin embargo, esa fue la última vez que se le vio con vida.

Al no tener información sobre su hija, la madre solicitó a la autoridad investigadora que se emitiera una Alerta Amber, fue enviada a la Agencia Exprés de San Vicente Chicoloapan, donde la agente del Ministerio Público tomó la declaración de los hechos y el perfil de la víctima, pero solo le entregó una noticia criminal. Posteriormente, acudió a las oficinas del Ministerio Público en Chimalhuacán, donde finalmente se elaboró un boletín de urgencia Odisea, y finalmente, se trasladó a las oficinas de la entonces Procuraduría de Justicia en Neza-Palacio, donde se extendió la orden de rastreo, entregada por la propia madre en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público en San Vicente Chicoloapan, misma que no se cumplió porque no hubo tal rastreo y la madre de la víctima pegó copias del boletín de urgencia en distintos lugares.

Lamentablemente el 25 de febrero del mismo año se le notificó a la madre de la menor que mediante una llamada anónima que recibió la policía se había localizado el cuerpo de una adolescente con las características de su hija, el cual presentaba huellas de abuso sexual, golpes y asfixia.

El 27 de febrero de ese mismo año, la madre de la víctima acudió a las oficinas del Servicio Médico Forense en Ixtapaluca para realizar una diligencia de reconocimiento del cuerpo, fue cuando se percató que el médico forense y la Ministerio Público registraron como fecha y hora de la defunción el día que fue encontrado el cuerpo.

Las indagatorias arrojaron que la autoridad responsable no realizó la investigación exhaustiva respecto de la desaparición de la adolescente, y si bien en ese entonces no era aplicable el Protocolo de Búsqueda y Localización Inmediata de Mujeres, denominado ALBA, independientemente de ese instrumento y su vigencia, la autoridad no realizó ninguna acción con debida diligencia para localizar a la víctima en las primeras 24 horas, lo que resulta fundamental, pues esto aumenta la posibilidad de encontrar con vida a una persona desaparecida.

Ante las irregularidades encontradas, la Codhem recomendó a la FGJEM la reparación a las víctimas indirectas; atención psicológica, psiquiátrica o tanatológica para la familia; su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas como víctimas indirectas; diversas medidas de no repetición, como la capacitación de las personas servidoras públicas de la institución; la integración de la carpeta de investigación sobre el feminicidio de la víctima con debida diligencia y enfoque de género y que la investigación se integre en un contexto de violencia de género, específicamente, de feminicidio. 

También solicitó a la autoridad responsable implementar medidas de satisfacción que determinen la responsabilidad administrativa por acción u omisión a las personas servidoras públicas que conocieron del caso; los deberes de investigación y sanción son esenciales en la configuración de los estándares y los criterios nacionales e internacionales que deben cumplir las autoridades, por lo que es imprescindible investigar en un plazo razonable, a las personas servidoras públicas que hayan cometido irregularidades.

Además, si la autoridad responsable ya ha realizado parte de las investigaciones por los motivos planteados, y determinado la responsabilidad de personas servidoras públicas por los hechos motivo de la recomendación, es necesario que este instrumento, acorde a las posibilidades, sea agregado al expediente laboral de quienes sean sancionados.

La recomendación señala que la investigación se debe regir bajo los estándares que contempla la obligación de debida diligencia en un contexto de violencia de género, específicamente el feminicidio, el cual deberá partir del hecho de que la víctima desapareció en un primer momento, delitos que deben ser investigados de manera seria, imparcial y efectiva.

Cabe señalar que el 28 de febrero del 2023 el Fiscal General de Justicia del Estado de México ofreció una disculpa pública a la madre de la víctima, así como a otras familias de diversas víctimas de desaparición y feminicidio en la entidad.