Martha Romero

El 77.8% de los hogares en México, equivalente a alrededor de 30.2 millones, registran al menos una persona que requiere asistencia, lo que representa a 58.8 millones de personas susceptibles de recibir cuidados por motivos de edad, enfermedad o discapacidad.

Por ello, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó ante el Congreso Mexiquense la iniciativa para expedir la Ley del Derecho al Cuidado Digno del Estado de México y sus Municipios.

El documento refiere que, a pesar de que el trabajo no remunerado de cuidados en el Estado de México aportó un valor invisible de 8.4 billones de pesos, según estimaciones históricas basales, las brechas de género siguen siendo alarmantes, toda vez que las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales a estas tareas frente a las escasas 18.2 horas de los hombres.

Resalta que la sobrecarga física y mental es crítica, pues diagnósticos de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México (UNAM) advierten que el 33.3% de quienes cuidan sufre problemas físicos como hernias o hipertensión, y el 70.8% padece el “síndrome de burnout”, que equivale a agotamiento extremo.

La iniciativa que está sustentada en la economía feminista y el Plan de Desarrollo del Estado de México, detalla que las tareas de cuidado alimentación, administración de medicamentos, acompañamiento médico y soporte emocional han recaído históricamente de manera desproporcionada en las mujeres, limitando su acceso a la educación y al empleo.

Los datos indican que las mujeres destinan en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, mientras que los hombres dedican 18.2 horas, disparidad se intensificó tras la pandemia de Covid-19, afectando la salud y los ingresos de los hogares encabezados por jefas de familia, quienes asumen solas la provisión económica y la crianza.

La propuesta busca instrumentalizar la reforma previa al artículo 5° de la Constitución local, que elevó el cuidado a rango de derecho humano en el estado, y se alinea con la Opinión Consultiva OC-31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual define al cuidado como un derecho autónomo e indispensable para la vida.

Contempla un engranaje interinstitucional y multinivel para coordinar servicios públicos universales y de calidad dirigidos de forma prioritaria a la infancia, personas mayores y dependientes, redes locales encargadas de atender las necesidades específicas de cada territorio y comunidad, y donde el órgano rector del sistema deberá estar integrado de manera plural y paritaria por los tres poderes del Estado, la academia, el sector privado y organizaciones feministas de la sociedad civil.

Finalmente, plantea revalorar el cuidado no solo como necesidad, sino como trabajo social esencial, por lo que prevé políticas de remuneración, profesionalización, certificación de competencias y acceso a la seguridad social para las personas cuidadoras, buscando que su labor no se realice en detrimento de sus propios derechos fundamentales

Cabe señalar que la propuesta fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Seguridad Social y para la Igualdad de Género.

(Foto: Especial Portal)