Martha Romero 

Con el fin de modernizar el sistema de justicia mexiquense mediante procedimientos ágiles, económicos y accesibles que reduzcan la carga de los tribunales y favorezcan acuerdos directos entre las partes, el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante de la bancada de Morena, propuso expedir la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

Indicó que la propuesta plantea que la justicia deje de depender exclusivamente del juicio tradicional y transite hacia una cultura del diálogo y la reparación del daño, basada en la mediación, conciliación, arbitraje y negociación colaborativa.

Refirió que el documento se fundamenta en el artículo 17 constitucional, que subraya que el nuevo marco legal garantizará el acceso efectivo a la justicia para toda la población, especialmente para quienes no pueden costear procesos judiciales largos o contratar asesoría legal privada.

“Esta ley responde a la necesidad ciudadana de contar con una justicia pronta y expedita, ya que permitirá que las víctimas obtengan reparación más rápida, reducirá costos y despresurizará el trabajo de los juzgados del Estado de México”, añadió. 

Vargas Martínez precisó que los puntos clave de la iniciativa son vías alternativas al juicio para que la ley formalice y regule la mediación, conciliación, arbitraje y negociación colaborativa; así como centros acreditados y facilitadores certificados para la creación de centros públicos y se regulen los privados, además de que los procedimientos estarán a cargo de facilitadores certificados por el Poder Judicial o el Tribunal de Justicia Administrativa.

Añadió que la propuesta también contempla la justicia digital para impulsar la tramitación en línea para garantizar el acceso desde cualquier municipio, así como la creación del Consejo Estatal de MASC como órgano rector encargado de definir políticas públicas, lineamientos y certificación. 

Finalmente, añadió que la propuesta responde también a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en enero de 2024, que obliga a las legislaturas estatales a emitir su legislación local en el plazo de un año, con lo que la entidad busca ponerse al día con ese mandato y fortalecer el eje de Estado de derecho y justicia pronta del Plan de Desarrollo 2023–2029.

(Foto: Especial Portal)