Leobardo Hernández

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que los 29 reos de alta peligrosidad extraditados a Estados Unidos eran requeridos por ese gobierno desde hace años, en varios casos más de una década, además de que había posibilidad de que jueces retrasaran más sus procesos de extradición o definitivamente dictaran su liberación.

“El gabinete de seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años”, refirió en conferencia de prensa del gabinete de seguridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Ante dicho escenario y considerando que las actividades ilícitas de alto impacto como tráfico de drogas, de armas, extorsión, entre otras, se llevaron a cabo en ambos países, “el gabinete de seguridad, en estrecha colaboración con la fiscalía general de la república, procedió a realizar el traslado de estos objetivos”, señaló.

¿Evitarán la pena de muerte los capos?

Al menos seis expatriados, entre los que destaca Rafael Caro Quintero, son candidatos a la pena de muerte, señaló este jueves la fiscal general estadounidense Pam Bondi; sin embargo, el acuerdo entre las autoridades nacionales y estadounidenses contempla que el marco jurídico debe equipararse en la pena máxima, considerando que no existe el castigo capital en México.

Con esta base, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, explicó “las penas de sanciones procesales no las establece el departamento de Estado, las establecen los jueces, y nosotros tenemos el acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”.

En este sentido, refirió que, ante la pugna del gobierno trumpista por establecer la pena capital contra los procesados, el fisval reforzó que no podría suceder porque “nuestra garantía es la ley [...] Se tienen que respetar las condiciones de esta convención”. A su vez, aclaró que el traslado no es una extradición en forma.

“El artículo 5o de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que, pro seguridad de nuestro país, y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada, del gobierno de los Estados Unidos, es como se hizo esto: sobre la base más estricta de esa ley federal que tiene 20 años de vigencia”.

Acotó que esta acción no se contrapone a los procesos de extradición que ya habían iniciado contra varios de los trasladados, mismos que continuarán su trámite legal de forma paralela sin el riesgo de que sean suspendidos o retrasados por el Poder Judicial.

(Foto: captura de pantalla)