Gabriela Landetta 

El Código Nacional de Procedimientos Penales no cumplió la promesa de transformar la justicia en México. A diez años de su entrada en vigor, la corrupción persiste, las cárceles están saturadas y los juicios colapsados.

Así lo consideró en términos generales el magistrado Sergio Castillo Miranda, coordinador de Relaciones Intergubernamentales e Interinstitucionales del Poder Judicial del Estado de México, quien tiene una trayectoria de más de cuatro décadas de ejercicio en el ámbito jurídico.

Al participar recientemente en las Jornadas Académicas por el décimo aniversario del CNPP, organizadas por la Escuela Judicial mexiquense, manifestó “Entró el Código Nacional en 2016, ya estamos en junio de 2026. ¿Ya cambió algo o seguimos igual o seguimos peor?”. 

Para responder tal cuestionamiento, presentó un análisis basado en tres ejes rectores: el papel de los actores del proceso, la prisión preventiva y los mecanismos alternos de solución.

Antes de la reforma, recordó, los ministerios públicos no estaban capacitados, la corrupción “permeaba al por mayor” y más del 90% de los asuntos que llegaban a un juzgado concluían con sentencia absolutoria.

Una década después, los cuestionamientos siguen vigentes: ¿si están preparados?, ¿si se acabó la corrupción? y ¿si ya hay más sentencias condenatorias?. “Tenemos una gran tarea por delante, y no sólo para el Ministerio Público, sino para todos los inmersos en el trámite procesal”, advirtió.

Sobre las policías ministeriales, antes judiciales, señaló que la exposición de motivos del CNPP prometía corporaciones científicas. “¿Será cierto? Desolador el panorama”, dijo.

Agregó que los defensores públicos, antes defensores de oficio, continúan impreparados, mal pagados y rebasados por la carga de trabajo. Citó el caso de Chile, donde juez, ministerio público y defensor perciben el mismo salario para evitar la corrupción. “Y acá qué tenemos: diferencias notorias. Entonces seguimos fallándole a la sociedad”.

El único punto donde reconoció avances fue en la figura del juez. Antes de 2016, en 80 u 85% de los casos los sentenciados nunca veían al juzgador, quien además recababa pruebas y se convertía en juez y parte. Hoy, aseguró, las instalaciones son dignas, los imputados conocen el rostro de quien los juzga y los jueces se limitan a resolver sin involucrarse en la investigación. “En este aspecto sí vamos caminando bien”.

El segundo eje de su crítica fue la prisión preventiva. El espíritu del CNPP era que fuera la última opción y que se privilegiaran otras medidas cautelares. Sin embargo, cada reforma al artículo 19 constitucional ha sumado delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 

Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta figura es inconvencional, los legisladores federales “hacen oídos sordos”. La consecuencia, dijo, es que las cárceles están llenas.

El tercer eje evidenció el fracaso de los mecanismos alternos. El CNPP planteó que una tercera parte de los casos se resolvería por principios de oportunidad, mediación o conciliación, y otra tercera parte mediante acuerdo reparatorio, suspensión condicional o procedimiento abreviado. Solo el resto llegaría a juicio oral.

En los hechos, esos principios de oportunidad dijo, “son letra muerta”. La mediación y la conciliación casi no se aplican por las penas elevadas que rigen en el Estado de México, de las más represivas del país. Las soluciones alternas tampoco funcionan salvo en delitos menores.

Cuando se usa el procedimiento abreviado, muchos asuntos se reponen porque a los imputados no se les explicaron los alcances. Por ello, casi todos los casos llegan a juicio y los jueces de enjuiciamiento están saturados.“

Con ese diagnóstico cerró su intervención: “Entonces el panorama no es halagüeño”.

(Foto: Especial Portal)