Martha Romero 

Derivado de la formulación de imputación contra la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, ha salido a la luz una situación que deja dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial, ya que el juez de control encargado del caso, Edgar Garay Vilchis, es padre de Edgar Garay Jiménez, coordinador de Gobernación del gobierno municipal. 

Lo anterior fue expuesto por Ramón Castañeda Mondragón, abogado y periodista que fue demandado por la alcaldesa por criticar su actuar al frente del Ayuntamiento, quien añadió que este vínculo no es el único elemento que alerta sobre un posible conflicto de interés.  

De acuerdo con el abogado, el servidor público municipal es pareja de la hija de Guillermina Cruz Cortéz, directora de la dirección de Gobernación y funcionaria muy cercana a Nápoles Pacheco, quién además es señalada por comerciantes locales por medidas que han perjudicado su actividad económica. 

“El hijo del juez es subordinado directo y yerno de la directora de Gobernación, colaboradora muy cercana de Nancy Nápoles Pacheco, persona a la que el juez Edgar Garay Vilchis concedió la suspensión condicional del proceso”, resaltó. 

Añadió que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios constitucionales de imparcialidad y objetividad que rigen la función judicial, los jueces deben excusarse de conocer de un asunto cuando exista cualquier vínculo familiar, laboral, de amistad o dependencia que pueda poner en duda su independencia. 

Explicó que la relación de subordinación directa entre el hijo del juzgador y la administración pública encabezada por la imputada y por extensión, con la propia alcaldesa, encaja perfectamente en este supuesto.

Castañeda Mondragón resaltó que no se trata de suponer una conducta deshonesta de antemano, sino de garantizar que la justicia se administre en condiciones que generen confianza en la ciudadana, pues un proceso judicial no solo debe se ser justo, sino también parecerlo. 

Refirió que, si bien la cercanía laboral y personal crea una apariencia razonable de parcialidad, difícilmente la población creerá que el juez podrá decidir con total independencia sobre la situación legal de la jefa política de su propio hijo.

Indicó que lo que está en juego no es solo el resultado del caso contra Nancy Nápoles, sino la credibilidad de todo el sistema de justicia en el Estado de México y la certeza de que nadie está por encima de la ley, y que tampoco nadie debe ser juzgado por quien tenga vínculos que comprometan su neutralidad.

Por último, afirmó que medidas de transparencia y el cumplimiento estricto de las reglas de conflicto de interés, son indispensables para que la justicia deje de ser un espectáculo y se convierta en una realidad para los mexiquenses.