René Tomás Pérez Avila* 

La detención a finales del mes de agosto de un servidor público de segundo nivel por agentes de la Fiscalía Estatal ha destapado una cloaca con nauseabundo olor a corrupción. ¿Dónde? Ni más ni menos que en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, órgano jurisdiccional, que de acuerdo a la exposición de motivos de su Reglamento Interior, es un Organismo autónomo e independiente de cualquier autoridad y dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus resoluciones, además de formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción, por ello cuenta con una cuarta sección integrada por tres magistrados, instancia que ostentosamente se denomina Cuarta Sección Especializada en el Combate a la Corrupción, (sic) semejante paradoja, es digna de profunda reflexión, que en principio nos lleva a concluir que “han dejado a la iglesia en manos de Lutero,” este hecho dio lugar a la valiente denuncia del diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión especial para el seguimiento al plan de desarrollo del Estado de México, quien hecho pública su petición para que se investigue a todos los participantes en el caso de La desaparición de 32 millones de pesos que se “esfumaron” de las arcas del Tribunal, en el mes de diciembre del 2023, sin que a la fecha la Sala Especializada en materia de combate a la corrupción hay iniciado procedimiento alguno relacionado con el tema, ni la Fiscalía Estatal haya dado resultados, salvo la detención del funcionario de segundo nivel a que se alude en las primeras líneas de este artículo. La denuncia del diputado Martínez tiene como finalidad exhibir la inactividad de la Fiscalía Mexiquense en la investigación y esclarecimiento del asunto, que lleva más de veinte mésese sin avances a pesar de que existen datos y evidencias de qué quienes propiciaron el escandaloso desvío de la millonaria cantidad, no se encuentran en los segundo niveles del Tribunal, sino en la propia Presidencia del mismo órgano jurisdiccional y en un servidor público de nombre Tomas Delgado, que se desempeñó como titular de la jefatura de recursos financiero del Tribunal, quien a través del manejo del “token” un objeto digital que otorga autorización, o clave para hacer operaciones en banca móvil, realizó una serie de movimientos bancarios y transferencias a cuentas de personas aún no identificadas por el monto de 38 millones de pesos, en su oportunidad del Presidente del Tribunal, Gerardo Becker denunció lo que él identificó como un hackeo a las cuentas de la institución, sin embargo, la denuncia quedó sin avances hasta la detención de quienes muchos consideran un chivo expiatorio a quien se acusa de abuso de confianza, el diputado explica en su denuncia que el origen de este desfalco se remonta a la fecha en que el Tribunal obtuvo autonomía presupuestaria, esto es cuando en virtud de modificaciones a la ley de hacienda del Estado de México, y con base en la autonomía de qué goza el Tribunal se le otorgó la facultad para manejar con total independencia el presupuesto que se le asigna para desempeño sus funciones, pues antes de esta situación, el presupuesto de Tribunal lo manejaba directamente la Secretaría de finanzas y a solicitud del tribunal se le otorgaban los fondos necesarios para las necesidades financieras del organismo jurisdiccional. Esto, en palabras llanas puede ilustrarse con el siguiente ejemplo, pongamos que en una familia, el padre maneja el presupuesto de los hijos y les da lo necesario para su gasto cuando lo requieren, pero a partir de que les asigna una cantidad determinada que pueden manejar a su libre albedrío, estos se despachan “con la cuchara grande” para satisfacer sus intereses, no siempre lícitos, como ocurrió con el Tribunal, pues una vez que tuvo autonomía y libertad para manejar su presupuesto, lo utilizó para fines ajenos a la administración de Justicia pero sí en beneficio de los servidores públicos que lo manejaban, situación, que también se reflejó según comentarios y denuncias de algunos empleados del Tribunal, en el hecho de qué cuando se les otorgaban estímulos por desempeño de trabajo, firmaban por cantidades mayores a las que realmente recibían sin que se les permitiera siquiera formular observaciones, pues el hecho de recibir un estímulo económico era suficiente y aprovechando las festividades de fin de año que es cuando se entregan esos estímulos, el jefe de los servicios financieros les deseaba ¡felices fiestas y todos contentos! o sea nosotros el pastel y tú las migajas.

La denuncia presentada por el diputado Martínez Vargas, ante la Legislatura, de manera directa señala como propiciador del atraco al presidente del Tribunal, y al jefe de Recursos Financieros, nombrado por él, de suerte que resulta plenamente necesario el esclarecimiento de tan incómoda, situación, a quienes, en otro tiempo , servimos al Tribunal nos genera vergüenza y pena ajena, pues la institución en la que servimos y dimos nuestro mejor esfuerzo. Se encuentra ahora en el ojo del huracán, con una denuncia de corrupción que refleja la podredumbre, no sólo en el aspecto económico, sino también en el aspecto institucional en que lamentablemente se encuentra el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro Estado, corresponde, pues a las instancias de procuración de justicia y en su caso a las nuevas autoridades recién electas del Poder Judicial de nuestra Entidad, dar una clara respuesta a este penoso asunto, sin importar el nivel de las cabezas que necesariamente deben caer.

Es cuánto.

*Magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México