Leobardo Hernández

Ante el ordenamiento de la juez Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, para bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial que ya es ley constitucional, o de lo contrario amaga con encarcelar a la presidenta, la titular del ejecutivo, Claudia Sheibaum Pardo, reiteró tajante que no hay atribución alguna de ningún juez para colocarse por encima del pueblo de México, por lo que será denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

Al respecto, durante la conferencia del pueblo de este viernes, la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy, explicó que “hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces”, al concretarse con toda formalidad la aprobación del congreso de la unión, de la mayoría de los congresos locales del país y la resolución en el senado y la cámara de diputados del Congreso de la Unión para que el ejecutivo publique dicha reforma en el DOF para integrarse a la constitución política y ser un mandato de la carta magna. 

En este sentido, Godoy explicó en primera instancia que este proceso “es una facultad soberana del constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la constitución establece que ésta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión, por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes así como la mayoría de los congresos locales. [...] Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, por lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia”.

Bajo este esquema, apuntó que no existe ningún recurso legal para que el Judicial revise y anule los procesos del legislativo “por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia del juicio constitucional, de los amparos y demás en contra de las adiciones o reformas a la constitución. Un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional”.

Godoy postuló que la postura que asumen los jueces al intentar anular la reforma “implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose la máxima autoridad del Estado Mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito. La actuación de estos jueces usurpa funciones que le fueron conferidas al poder reformador”. 

Detalló, en esta línea, “que pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal: es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les dan al pueblo de México”. 

Precisó que “hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo la constitución. [...] Es un caso sin precedentes, se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise, tiene que revisar el Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la constitución”.

En sintonía con dichas aclaraciones, el ex ministro Arturo Zaldívar acotó que el Poder Judicial de la Federación está sometido a las atribuciones que le otorga la constitución, por lo que “todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a Derecho: primero porque hay una disposición en la ley de amparo que con claridad establece que el amparo no procede contra reformas constitucionales [...] En segundo lugar, tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos en un proceso de reforma constitucional [...] En tercer lugar porque una suspensión no puede tener, en casos como éste, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial: se está pidiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible”. 

Sobre esta base, denunció que “los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma estando impedidos para resolver y están trastocando el orden constitucional”. 

Por estas razones, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que las y los jueces que han intentado invadir funciones del poder legislativo serán denunciados ante el Consejo de la Judicatura Federal, organismo que preside la propia Norma Piña Hernández, quien también se ha pronunciado contra la reforma judicial. 

“Ni un juez ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México, la reforma va [...] y aunque el Consejo de la Judicatura no sancione a estos jueces, vamos a presentar esta queja porque está fuera de sus funciones: un juez, una jueza, también tiene que cumplir con la ley, con la constitución. Es más, esa es su función primordial”.

La determinación de la jueza Juárez Sálas ordena quitar la reforma del DOF en 24 horas, o de lo contrario se dará vista al ministerio público, con lo que la autoridad que no acate el mandato podría someterse a cárcel de 3 a 9 años de prisión y la inhabilitación de cualquier cargo público; sin embargo, la presidenta Sheinbaum descartó las presuntas consecuencias de este ordenamiento, pues está viciado de origen, y lo calificó como “una ocurrencia”. 

(Foto: captura de pantalla)