Macrina Vázquez

Servidores públicos que laboraron en las administraciones de los exgobernadores mexiquenses Enrique Peña y Alfredo del Mazo fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) luego de que se encontraron elementos para determinar la comisión de fraude, robo, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y delitos contra la hacienda pública.
A través de su cuenta oficial de X, @DrLuisDavidFer, el subsecretario de Control y Auditoría del Gobierno del Estado de México, Luis David Fernández Araya, informó que este paquete de denuncias se relación con daños patrimoniales por medio de engaños, por acción u omisión, a la hacienda pública estatal.
La Secretaría de la Contraloría no ha publicado detalles sobre las denuncias, áreas o programas señalados, tampoco de los exfuncionarios responsables.

El subsecretario advirtió que en el gobierno mexiquense no habrá impunidad y se castigará a los malos funcionarios que ejercieron los recursos públicos ilícitamente. Detalló que mediante acciones de control y evaluación se han llevado a cabo, desde el 1 de septiembre del 2023 al 31 de mayo de este año, 842 auditorías, 4 mil 200 inspecciones, 6 mil 435 testificaciones, 3 mil 830 reuniones, 229 acompañamientos en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos y 91 seguimientos, lo cual representa 15 mil 628 acciones en nueve meses.

Desde el 1 de junio, el subsecretario presentó una serie de denuncias por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y fraude en contra de Alejandro Bulnes Méndez, coordinador de Servicios Auxiliares, Contingencias y Emergencias de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfredo Del Mazo Maza y Rodrigo Jarque Lira. Hasta el momento no hay detenidos.
También se dará seguimiento a denuncias relacionadas con el pago de servicios de mantenimiento y pintura de aeronaves, así como por el cobro indebido de refacciones por parte de la empresa Ale Service Center, ubicada en la colonia Aeropuerto Internacional de Toluca Adolfo López Mateos, hechos en los que se detectó un daño a la hacienda pública estatal por 26 millones de pesos, debido a irregularidades en el proceso de adjudicación directa, por lo que se suspendió a la empresa y a los servidores públicos involucrados.
El funcionario mencionó que también se han encontrado probables irregularidades en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis).
En mayo de este año, la subsecretaria de Control y la Auditoría Superior de la Federación abrieron dos auditorías al ejercicio 2023 de las secretarías de Finanza y de Movilidad; además, iniciaron una revisión al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y a las participaciones federales, como parte de la revisión de la cuenta pública del año 2023.